El fraude del reciclaje de Estepa cumple un lustro en el juzgado

Los hechos investigados giran en torno a la empresa Magno Ambiental de Levante, cuyos dueños, José Antonio Mañas y Manuel Ibáñez, eran a su vez interventor y jefe de la planta del ente público. La Guardia Civil ha señalado en sus informes que los contratos firmados entre el Consorcio y dicha empresa para que presuntamente ésta prestara servicios a los municipios del organismo, como la cesión de camiones de recogida de basura, son fruto del entramado empresarial montado por los dos acusados, de la que también participan sus mujeres, para realizar «autocontratos» con fondos públicos y enriquecerse de forma ilícita.

Precisamente, el último movimiento que se ha producido en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Estepa es la petición de sobreseimiento cursado por la defensa de Mañas, que ha sido desestimado por el instructor, en un auto de principios de este mes, según han detallado a este periódico fuentes del caso. El juez ha concluido que no ha lugar a dicha petición, a la que la Fiscalía también se opuso.

Han pasado cinco años y la investigación, lenta, sigue su curso, tras prorrogarse en varias ocasiones los plazos de instrucción. En esta causa se investigan hechos que podrían ser constitutivos de delitos prevaricación, malversación, fraudes, exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y blanqueo de capitales. Entre los acusados, además los dos cabecillas y familiares de éstos, está el exalcalde de Casariche, el socialista Basilio Carrión, quien fuera presidente del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur desde 2014 hasta 2019.

Según las conclusiones a las que llegaron los agentes de la UDEF que investigaron los hechos denunciados, en noviembre de 2018 el Consorcio firmó un contrato con Magno para alquilarle toda la maquinaria de recogida de residuos para prestar ese servicio en los 17 municipios. Unos días después, Mañas modificó el precio y lo subió a la cantidad de 164.240 euros anuales durante nueve años. Casi un millón y medio de euros. Pero cambiando de cuatro a dos los camiones del contrato.

Pero los hechos en cuestión no quedaron ahí. Cuatro meses después, Mañas e Ibáñez compraron Magno, es decir, el secretario del Consorcio y el jefe de planta, respectivamente, pasaban a ser los dueños de la empresa que le alquilaba la maquinaria a dicho organismo. Según la UDEF, si el ente público hubiese comprado los camiones directamente se habría ahorrado 1.117.737 euros, de manera que la actuación de los implicados «estuvo motivada por el ánimo de lucro personal».

De hecho, la Fiscalía cree que el Consorcio ha sufrido un perjuicio económico superior al millón de euros por culpa del «concierto previo de los denunciados para obtener un lucro personal de considerable entidad con la reorganización del servicio de recogida de basura». El juez instructor eleva dichos perjuicios a los 3,4 millones.

El primer contrato entre ambas partes data de enero de 2016 y el segundo, el modificado, de noviembre de 2018. En aquella época era el presidente del Consorcio el alcalde socialista de Casariche, Basilio Carrión, al que la Audiencia obligó al juez mantener como investigado porque consideraba que con su actuación «posibilitó la comisión de los delitos».

Las investigaciones policiales reflejaron cómo, pese al servicio a los contratos firmados, Magno nunca cedió los camiones para el servicio de basura. A finales de 2017 Magno compró dos camiones para prestar el servicio de basura contratado por el Consorcio. Pero las señales de los dos vehículos, 31.913 euros, se abonaron con fondos de esta entidad. No consta que estos contratos, que además presentan otros incumplimientos, se hayan realizado mediante procedimiento alguno público de licitación.

Además de la Guardia Civil o la Fiscalía, la Intervención General de la Junta también analizó el perjuicio ocasionado al ente público por esta trama, señalando un importe de 571.755,61 euros. La interventora de la Junta, en su informe, al que tuvo acceso ABC, expone los nueve hitos más relevantes en los hechos investigados, que transcurren desde 2016 hasta 2020, centrándose en los contratos firmados entre ambas partes.

Para esta perito, existe una ausencia de un procedimiento de licitación presidido por los principios de igualdad, transparencia y libre competencia, para la adjudicación de los contratos de arrendamiento de vehículos formalizados en 2016 y 2018, lo que provocó un perjuicio económico al Consorcio, que se ha calculado teniendo en cuenta todos aquellos gastos que «indebidamente» supusieron una salida de fondos del Consorcio cuando realmente se trataba de deudas cuyo abono correspondía asumir a la empresa Magno, ascendiendo el importe de estos gastos a 571.755 euros.

Pero además insiste en todos aquellos pagos correspondientes a facturas expedidas por Magno que no responden a ningún contrato de servicio previamente formalizado entre el Consorcio y Magno cuyo deudor resultase ser el Consorcio, y todos aquellos gastos por prestaciones de servicios(fundamentalmente facturas de reparaciones de vehículos propiedad de Magno ) que, al igual que en el primer periodo eran de asunción de Magno y que sin embargo se sufragaban por el Consorcio.