Condenados los trabajadores ficticios de una constructora de Dos Hermanas

La Sección Cuarta de la Audiencia sevillana tenía previsto juzgar a veinticuatro personas para quienes la Fiscalía solicitaba entre uno y tres años de prisión por delitos contra la Seguridad Social y falsedad en documento público, pero dos no comparecieron ante el tribunal, entre ellos uno de los principales procesados, según informaron a Efe fuentes judiciales.

Antes del juicio, además, las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y los dos organismos públicos que incluyó la retirada de la acusación contra una encausada, la estimación d e la atenuante de reparación del daño para tres y la rebaja en la calificación de los delitos, con la correspondiente reducción en las penas.

Los hechos, que fueron reconocidos por las diecinueve personas que asistieron a la vista oral, ocurrieron a partir del 10 de octubre de 2012, cuando una constructora constituida por J.L.M.V. y D.M.B. se dedicó a dar de alta en la Seguridad Social a trabajadores «previamente concertados» con estos acusados «a cambio de una cantidad de dinero».

La mercantil, radicada en Dos Hermanas, «no desarrolló ninguna prestación de servicio ni actividad económica ni cumplió sus obligaciones» con Hacienda ni con la Seguridad Social, según la Fiscalía. Como consecuencia de ese procedimiento irregular y «con idéntico ánimo de enriquecerse ilícitamente», los empleados ficticios consiguieron prestaciones por incapacidad temporal y desempleo y algunos incluso obtuvieron dinero «a costa de la Seguridad Social».

El Ministerio Público solicitó inicialmente tres años de cárcel para los dos socios de la empresa defraudadora por un delito continuado contra la Seguridad Social en concurso medial con otro delito continuado de falsedad en documento oficial, pero después modificó sus conclusiones y el único que se presentó a juicio, D.M.B., aceptó una condena de dos años, cuatro sin derecho a obtener ayudas públicas y el pago de una indemnización de 51.434,29 euros.

Once acusados fueron condenados por un delito contra la Seguridad Social, ocho de ellos a seis meses de prisión, tres años sin derecho a recibir subvenciones públicas y una multa de 720 euros.

Los tres restantes, al haber consignado parte de la indemnización que se les reclamaba, se beneficiaron de la atenuante de reparación del daño y aceptaron cuatro meses de reclusión, un año y medio sin ayudas públicas y una multa de 360 euros.

Otros siete encausados fueron condenados por falsedad documental a una multa de 120 euros y otra de 240 que sustituye a la de dos meses de prisión.

El juicio, a la espera del que se celebre contra J.L.M.V., quedó visto para sentencia después de que la Fiscalía se mostrase favorable a suspender la ejecución de las condenas de cárcel en los casos de quienes han reparado el daño o están exentos de la responsabilidad civil.