En uno de los incidentes más graves, una treintena de individuos bloquearon las calles de acceso al inmueble ocupado, profiriendo amenazas y causando gran alarma entre los vecinos.
Empresa de desocupación
Las pesquisas policiales permitieron identificar a varios de los responsables, quienes actuaban bajo el amparo de una supuesta empresa de servicios de desocupación, pero utilizando métodos de presión fuera de los cauces legales.
Las víctimas relataron que los implicados ofrecían dinero a cambio de abandonar la vivienda y, si no se aceptaba el trato, imponían plazos bajo amenaza de desalojo forzoso. Este modus operandi se había repetido en distintos puntos de la localidad y en municipios cercanos.
De la investigación se desprende que la víctima sufrió una alteración significativa de su vida diaria, viviendo en un estado de miedo y aislamiento propio del acoso inmobiliario ejercido por el grupo.
Con esta actuación, la Policía Nacional ha logrado desmantelar un entramado que actuaba fuera de la ley, garantizando la protección de las víctimas y el respeto al principio de tutela judicial efectiva.
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