Condenado el exalcalde «electricista» de Villanueva del Ariscal por 'enchufar' a su secretaria en el Ayuntamiento

Aparte de su pertenencia al partido, el nexo común entre ambos es que han sido inhabilitados por la Justicia en el último mes para ejercer empleo o cargo público porque han adoptado resoluciones arbitrarias a sabiendas de su irregularidad. Aunque las sentencias no son firmes, puesto que cabe presentar recurso, el relato de hechos probados recogido en las mismas los ha hecho merecedores de una sanción penal como gestores públicos.

El Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla dictó una sentencia el pasado 5 de diciembre en la que condenó a José Castro Jaime a una pena de seis años de inhabilitación especial para ocupar empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa cuando gobernaba Villanueva del Ariscal, una localidad de 6.673 habitantes de la comarca sevillana de El Aljarafe. Su delito fue convertir en trabajadora indefinida a María del Carmen G. G., quien había sido su secretaria durante los once años anteriores, en los que había estado contratada como personal de libre designación.

En la sentencia de 17 páginas, a la que ha tenido acceso ABC, la juez María José Herrera explica que el acusado, José Castro, dictó «una resolución administrativa a sabiendas» y «con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad». Dicho caso de enchufismo ocasionó un «resultado injusto desde el punto de vista material, ya que permitió que la beneficiada con el mismo accediera, sin cumplir los requisitos legales, a un contrato indefinido a tiempo completo» como auxiliar administrativo del Ayuntamiento. No hubo concurso público ni nada parecido, como reconoció el propio acusado, que actualmente cobra una nómina de la Diputación de Sevilla.

La contratación fue realizada 'a dedo' el 10 de septiembre de 2010, como aseguró en el juicio una funcionaria municipal. De este modo, «privó» a otros posibles interesados de acceder al mismo puesto de trabajo «a través de un procedimiento público en el que se respetasen ampliamente los principios de igualdad, mérito y capacidad», advierte la resolución.

La juez no da «ninguna veracidad» a la declaración exculpatoria del exregidor socialista, que es electricista de profesión, durante el juicio celebrado el 27 de noviembre pasado. «No resulta creíble que quien llevaba, en el momento de los hechos nada menos que once años como alcalde, desconociera que un contrato indefinido en un ayuntamiento requiere, al menos, sin entrar en pormenores, de un concurso público y de ciertas formalidades», prosigue la sentencia.

Para el juzgado de lo Penal que juzgó a Castro que sea obligatorio sacar dicho puesto a concurso es «algo de notorio conocimiento en un ciudadano de nivel medio, sin que sea lícito escudarse en que es electricista de profesión o en que tenía delegados los temas jurídicos y de contratación en otras personas».

El exalcalde trató de endosar la responsabilidad a funcionarios y subordinados suyos. «La ignorancia de las leyes no impide que se asuma la responsabilidad de aquello cuanto se firma», reprende la magistrada. El exalcalde justificó el cambio del contrato de eventual a indefinido porque «desempeñaba muchas funciones y para darle derechos a la trabajadora». Otro juzgado de lo Social en Sevilla avaló su despido cuando Martín Torres Castro, el candidato del PP, relevó al acusado en la Alcaldía en el año 2015, dado que el contrato se hizo «en fraude de ley».

La Fiscalía, que fue la que denunció los hechos en el año 2016, pidió doce años de inhabilitación para José Castro, pero la juez ha decidido rebajar la pena a la mitad, seis años, porque ha habido dilaciones indebidas en el proceso. Desde que sucedieron los hechos hasta que fueron enjuiciados han pasado 13 años, circunstancia por la que reduce el castigo.

El exalcalde de Villanueva del Ariscal es reincidente, porque en 2017 ya fue condenado a ocho años de inhabilitación por otro delito de prevaricación al incumplir una sentencia anterior que lo obligaba a demoler una urbanización ilegal en esa localidad. Dicho fallo fue confirmado por la Audiencia.

José Castro comparte ahora despacho y destino con Antonio Manuel Suárez Sánchez. El que fuera alcalde de Valencina de la Concepción entre 2007 y 2023 fue condenado el pasado 9 de enero por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por hacer «dejación de funciones» y permitir la construcción y actividad sin licencia de un asador en un paraje de dicha localidad declarado como suelo no urbanizable.

El responsable del restaurante era hermano de un concejal del Consistorio. El acusado ha sido condenado a un año y seis meses de prisión, el pago de una multa de 2.160 euros y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público electivo en el ámbito de la administración local.