La Junta de Andalucía «tutelará» la polémica urbanización junto al dolmen de Montelirio en Castilleja de Guzmán

La comunidad científica ha tildado este plan de «proyecto urbanístico criminal», por lo que primero el investigador del departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla Leonardo García Sanjuán, con una carta remitida a Cultura en la que denunciaba el «bochorno internacional» que supondría la culminación de ese despropósito urbanístico, y después un grupo de alumnos de la Universidad por medio de una recogida de firmas a través de change.org, han reclamado su paralización preventiva.

La última respuesta de la consejería al respecto proviene tras el requerimiento de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz tras recibir ésta una queja de la asociación cultural Los Dólmenes. Jesús Maeztu pedía a la delegación de Turismo y Cultura que lidera Carmen Ortiz que diera «cuanta información dispusiese» sobre este tema. Este martes, la delegada ha insistido en declaraciones a la Cadena Ser que «no se trata de tener, se trata de comprobar cuando nos presenten la solicitud oportuna si se puede o no hacer este proyecto».

Esa contestación va en línea con el escrito de vuelta al Defensor del Pueblo. «Conocedores de la existencia de un documento de avance en este sentido a través del trámite de consulta pública realizado por el propio Ayuntamiento», la Administración andaluza ha informado que «no ha tenido entrada» aún «solicitud alguna de informe relativo» a la operación promovida por Real Estate y en parte respaldada por la propia alcaldesa, quien en declaraciones a este periódico hace unos meses aludía a la importancia de estas obras dado el grave déficit de vivienda del municipio aljarafeño: «Lo que está protegido debe protegerse pero, si no, no podemos renunciar a construir viviendas ya que nuestros jóvenes se nos están yendo», comentaba.

Bien es cierto que la postura de la Junta viene siendo la misma a la ofrecida entonces, cuando estalló este asunto: «Cuando llegue formalmente la petición del Consistorio, la Consejería de Cultura establecerá las cautelas arqueológicas que correspondan sin perjuicio a que se pueda estudiar la modificación de la delimitación del BIC», explicaron en febrero desde la delegación. Ahora, en su respuesta a la Oficina del Defensor del Pueblo, vuelven a posponer su decisión definitiva. «Esta Administración se pronunciará cuando, una vez le sea solicitado informe conforme al artículo 29 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, se aporte por la parte competente la documentación completa y pertinente para ello».

Es más, la Delegación Territorial destaca que ya está trabajando en «recopilar toda la información disponible y antecedentes habidos para el estudio del caso», comprometiéndose a «tener en cuenta el manifiesto y escritos presentados por los grupos conservacionistas y la comunidad científica, para «el estudio y solución de la cuestión».

Un trabajo que para el catedrático García Sanjuán es una «buena noticia» aunque la toma con recelo. «Habrá que esperar a constatar los hechos, pues en los 15 años transcurridos desde el descubrimiento y excavación del tholos de Montelirio y el sector PP4-Montelirio adyacente esta consejería no ha hecho ninguna inversión en estos importantes monumentos, ni a nivel de investigación, ni de conservación, ni de difusión», resalta en declaraciones a este periódico. El experto, muy ligado a la investigación y la producción científica en relación a este enclave, lamenta que los sucesivos gobiernos andaluces no hayan hecho tampoco «inversiones» en la parte del yacimiento que cae en el municipio de Valencina. En este sentido pone el foco en otro dolmen, el de Matarrubilla, que «permanece incomprensiblemente cerrado al público desde hace años». Un reciente estudio publicado en la revista Journal of Archaeological Science concluye que la monumental pila de piedra que se halla en el interior de este dolmen fue transportada desde el otro lado de la bahía que hace cinco mil años se extendía por el sureste de Valencina.