El Gobierno se desentiende de Montelirio y señala que «corresponde a la Junta asegurar» su protección

Así figura en una respuesta del Ejecutivo central a la batería de preguntas formuladas por la diputada de Sumar en el Congreso por Sevilla Engracia Rivera (IU), apuntando la controversia suscitada al tramitar el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, gobernado por María del Mar Rodríguez (PSOE), la modificación de planeamiento urbano promovida por Coliseum Real Estate para urbanizar y construir viviendas en el plan parcial número 4 de esta localidad, en las inmediaciones del 'tholos' de Montelirio.

La diputada de la coalición de izquierdas, que cogobierna junto al PSOE, preguntaba en ese sentido si el Gobierno va a «tomar medidas para proteger» esta zona caracterizada por la detección de vestigios arqueológicos y si se había planteado la «posibilidad» de adquirir los suelos para garantizar su protección ante la «manifiesta falta de compromiso» de la Junta de Andalucía, gobernada por el popular Juanma Moreno.

Ante ello, el Gobierno central responde en esta contestación oficial emitida el pasado 29 de abril y recogida por Europa Press, que «la administración competente a estos efectos es la Junta de Andalucía, ya que (la parcela del 'tholos' prehistórico) es titularidad del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, de manera que corresponde a la Comunidad Autónoma ejecutar las medidas conducentes a asegurar la correcta protección y puesta en valor de este enclave arqueológico, de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, así como del resto de la normativa aplicable«.

El Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán celebraba recientemente una reunión con la delegada territorial de la Consejería de Cultura, Carmen Ortiz, con el compromiso de recordar a la empresa promotora su obligación de «enviar a la Junta de Andalucía, órgano competente en la materia, la solicitud y petición de estudio de lo que se pretende» realizar en la zona; tras las múltiples muestras de rechazo a dicho plan de urbanización, con una recogida digital de firmas y la oposición de más de 120 expertos y profesionales de España y del resto del mundo, incluyendo 37 catedráticos, 34 profesores, 16 investigadores y 36 profesionales de la arqueología.

Y es que desde 2010, como es sabido, pesa una declaración de Zona Arqueológica aprobada por la Junta de Andalucía para 779,16 hectáreas de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, al objeto de proteger los vestigios del gran asentamiento humano que acogía este entorno allá durante la Edad del Cobre, con los 'tholos' de La Pastora, Matarrubilla y Montelirio como máximos exponentes de dicha cultura.

Mientras el Ayuntamiento de Castilleja viene defendiendo que el espacio señalado por la promotora Coliseum Real Estate para la construcción de nuevas viviendas «no se encuentra en terreno protegido»; los colectivos conservacionistas y la comunidad científica avisan de que tales terrenos del plan parcial número cuatro son «parte indivisible del mega sitio calcolítico de Valencina-Guzmán».

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Según los mismos, la construcción de nuevas viviendas en la zona «no sólo es incompatible con la conservación, protección y difusión del excepcional patrimonio arqueológico conservado en dichas parcelas y con el mantenimiento de su integridad espacial, paisajística y visual con el resto de la Zona Arqueológica, de la que forma parte indivisible; sino que muy al contrario, supone la destrucción de importantes restos prehistóricos, tanto de los ya conocidos y documentados como de los aún no excavados, de los que pesan fundadas evidencias científicas».

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán señalaba tras su reciente reunión con la delegada territorial de Cultura, que una vez que la empresa promotora de los citados desarrollos urbanísticos traslade su propuesta concreta a la Junta, la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, «como institución responsable»; determinará «cuáles son las medidas que tienen que tomarse antes de cualquier aprobación de construcción, incluyendo una serie de investigaciones arqueológicas que determinarán las actuaciones a futuro que se puedan realizar«.

Además, el Ayuntamiento manifestaba que remitirá un escrito a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, para «solicitar la ampliación de la protección» estipulada para la Zona Arqueológica de Castilleja de Guzmán y Valencina, extendiendo el perímetro marcado en 2010, extremo reivindicado previamente por los colectivos conservacionistas.

De este modo, el Consistorio de Castilleja de Guzmán destacaba la «necesidad de defensa y trabajo conjunto entre los gobiernos municipal y autonómico, para asegurar el dolmen de Montelirio y su zona de protección»; tras las no pocas voces contrarias a los citados planes de urbanización del plan parcial número cuatro.

La empresa asegura de su lado que su propuesta compagina el «desarrollo» residencial de los suelos con el «objetivo inicial de protección del patrimonio histórico en el sector, dado que delimita la zona de protección denominada por el decreto de 2010 como subsector ZA-IB, que queda fuera de las parcelas lucrativas» donde pretender promover nuevas viviendas.

Pero el profesor de la Universidad de Sevilla Leonardo García Sanjuán avisaba ante ello de que este planteamiento supone todo un «crimen patrimonial», porque implica «construir viviendas en el entorno inmediato de la tumba de la Señora del Marfil y el tholos de Montelirio, donde hay más restos muy importantes aún no excavados«.

«El Ayuntamiento de Castilleja pretende construir viviendas en las parcelas del entorno de la tumba de la Señora del Marfil y el tholos de Montelirio, que destruirán muchas de las importantes ofrendas y sepulturas, algunas de ellas aún pendientes de excavar, existentes en la zona, y dejarán a esas dos tumbas principales encarceladas en un sarcófago de hormigón», denuncia este investigador.