El juez impulsa la causa por el fraude de la moneda 'Ossetana' que gestionó el PSOE en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache

El juez de Instrucción número 14 de Sevilla, a petición de la acusación que ejerce Vox Sevilla, ha acordado que la testifical de la secretaria general, vicesecretario, interventor y tesorera del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Tendrán que acudir al juzgado el 22 de mayo para declarar. Un día después están citados tres comerciantes del municipio, cuyos negocios participaron en el programa de la 'Moneda Ossetana', así como dos técnicos municipales.

En esta causa, en la que se encuentra investigado el que fuera alcalde socialista de San Juan hasta 2023, Fernando Zamora, y otra docena de personas, la mayoría miembros de los gobiernos socialistas en el Ayuntamiento. Tanto el regidor como otros concejales del PSOE descargaron la responsabilidad de la gestión de este programa en los funcionarios y técnicos municipales, quienes ahora tendrán la oportunidad de explicar cómo se gestionaba la 'Moneda Ossetana'.

No obstante, en esta causa, que arrancó hace cuatro años, obra un informe firmado por los cuatro habilitados nacionales del Ayuntamiento, ahora citados a testificar, en el que denunciaban el presunto fraude de este programa social, que venía funcionando en San Juan desde el año 2014. En dicho informe se indicaba que con los convenios firmados entre el Ayuntamiento y la ONG el gobierno municipal sacaba los fondos del erario eludiendo los controles oficiales para que otro miembro del PSOE, gestor de Asamblea de Cooperación por la Paz, los utilizara de manera discrecional.

Las conclusiones a las que llegaron los cuatro habilitados nacionales fueron compartidas, en su mayoría, por los agentes de la Guardia Civil que elaboraron un atestado sobre los hechos denunciados. El programa social de la 'Moneda Ossetana' «no existe». Así lo aseguraba el Instituto Armado: «Es la articulación de un mecanismo paralelo a la contabilidad y gestión del gasto municipal, algo que es absolutamente contrario a la ley, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido», por lo que las subvenciones son «nulas de pleno derecho».

En concreto, los miembros del equipo deDelincuencia Económica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, tras recoger los testimonios de todos los comerciantes que participaban en el programa, exponían que la gestión del programa social se seleccionó, sin seguir los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, que marca la ley, a la ONG, que ejerció como «colaboradora», pero también como «beneficiaría», a sabiendas que era mera gestora.

La Administración local, según el atestado, no desarrolló ordenanzas generales ni específicas reguladoras de subvenciones, donde debía ampararse los convenios sucesivos de este programa. Se «incumplía» la Ley General de Subvenciones. Además, apuntaban los investigadores que los convenios del programa contaban con subvenciones nominativas a la ONG como beneficiaria, con consignación presupuestaria anual, aunque fuese con presupuestos prorrogados «todos los años». Pero las subvenciones nominativas «no se pueden prorrogar», por lo que la concesión y pago adolecerían de un vicio de nulidad plena.

También existe un incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos con el tratamiento de los datos personales de los beneficiarios por parte de la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz y una mercantil que desarrolló la aplicación digital para la gestión informática de las ayudas.

Para la Guardia Civil, las diferentes juntas de gobierno local eran «consciente» de los incumplimientos en este programa. En diciembre de 2021, cuando se había iniciado la investigación judicial, el Ayuntamiento aprobó la ordenanza general de subvenciones municipal, «dejando nítidamente claro que antes no estaba adaptado a la normativa, por lo que se ha venido concediendo irregularmente, no sólo las subvenciones de la moneda 'Ossetana', sino todas las concedidas en San Juan», según describió la Guardia Civil, que descartaba en su atestado un delito de malversación, pero sí detectaba «anomalías» en el control y administración de las ayudas: desajuste de las cantidades justificadas, desajuste de los beneficiarios, facturas falsas, justificaciones fuera de plazo, facturación irregular, manipuladas por la ONG,...

La Guardia Civil describe hechos que podrían constituir presuntos delitos de prevaricación en concurso con un delito de tráfico de influencia, contra la intimidad y falsedad documental.

El Programa de la 'Moneda Ossetana' «generó un beneficio» para el responsable de la ONG, José María Ruiberriz, y para la propia ONG. Su salario era de 2.400 euros. Además, otro miembro de la entidad era concejal del PSOE en Paymogo (Huelva). Los cinco años que duró el programa recibieron 405.000 euros en subvenciones del Ayuntamiento y otras administraciones como la Junta, de los que 217.000 euros fueron a personas con necesidades, y el resto a la ONG, incluyendo salarios.