Dos exalcaldes del PSOE de Huévar del Aljarafe también están investigados por la compra de votos

En octubre de 2019 saltaba el caso conocido como 'los papeles de Huévar', adelantado por este periódico. El documento manuscrito 'Plan 1.000' y descubierto por la alcaldesa del PP recogía el método usado por los gobiernos socialistas municipales para ir revalidando la Alcaldía elecciones tras elecciones. María Eugenia Moreno, llevo este asunto a la Fiscalía.

Y tras dos intentos por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Sanlúcar la Mayor de dar carpetazo al asunto, la Audiencia de Sevilla ordenó hace un mes el procesamiento de Rafael Moreno y Áurea Borrego, exalcaldes socialistas del municipio. El primero estuvo 18 años en el despacho de Alcaldía y la segunda, su sucesora, hasta 2019.

Este caso volvía a sufrir un nuevo giro y un nuevo revés para los exregidores socialistas. En julio de 2021 la Sección Tercera de la Audiencia conminó al juez de Sanlúcar la Mayor a llamar como investigados a estos dos exalcaldes y tomarles declaración. En mayo de 2022, a la vista de las diligencias practicadas, el instructor acordó el sobreseimiento provisional de la causa, una decisión que llevó al PP a recurrir.

La Audiencia le da la razón a los populares y ordenaba al juez procesar a los exalcaldes Rafael Moreno y Áurea Borrego ante los indicios de que su actuación entre los años 2014 y 2019 pudo ser constitutiva de prevaricación.

Cuando María Eugenia Moreno llegó a la Alcaldía, tras 36 años de gobiernos socialistas en Huévar del Aljarafe, se encontró con una pila de papeles y una máquina trituradora en el despacho de su antecesora, que se había quemado por el uso indiscriminado que habían hecho de ella.

Entre los documentos estaba el manuscrito 'Plan 1.000', del ex primer teniente alcalde socialista Francisco Martín González Bejarano, que detallaba el plan de los socialistas para comprar votos a través de un sistema clientelar que controlaba a cada vecino calle a calle, puerta a puerta, con indicaciones de su ideología y sus necesidades laborales. En estos papeles se nominaba a cada uno de los afectados por su mote.

Se revelaba el 'modus operandi' del Ayuntamiento socialista para mantenerse en el poder utilizando los recursos públicos. Fue la prueba que llevó al PP a denunciar presuntos delitos de prevaricación, fraude electoral y malversación. Aunque la Audiencia de Sevilla, en su último auto, enmarcaba los hechos relacionados con Rafael Moreno y Áurea Borrego en un posible delito de prevaricación.

El propio exconcejal González Bejarano reconoció ante el juez que hizo un listado de vecinos para reclamarles su voto a cambio de los favores que el Ayuntamiento les había prestado dándoles trabajo. González la elaboró añadiendo también los puestos que podía ofrecer a otros vecinos afines para alcanzar la cifra necesaria, pero que finalmente no ejecutó el plan.

Esa inejecución llevó al juez al archivo provisional del caso, alegando que el principal investigado había explicado que hizo esos listados, pero nunca los llevó a cabo. El PP recurrió y la Audiencia, por primera, reabría el caso y encargaba a la Guardia Civil solicitar toda la documentación municipal sobre contratos a las personas que aparecen en los manuscritos del 'Plan 1.000'.

La Guardia Civil solicitó a la actual alcaldesa todos los expedientes de 1.052 contratos realizados por el Ayuntamiento, pero faltaban más de la mitad, exactamente 690. El juez, mayo de 2022, tras escuchar a Rafael Moreno y Áurea Borrego como investigados, archivó la causa contra ellos, decisión que ha vuelto a enmendar la Audiencia.

Según el PP, Moreno y Borrego, en su condición de alcaldes, desde 2014 a 2019, procedieron a contratar a diversos vecinos sin ningún tipo de expediente ni de procedimiento de selección, relacionando hasta un total de 21 personas contratadas de forma irregular.

Para la Audiencia, según se desprende de las actuaciones, en concreto, de los distintos contratos suscritos por estos exalcaldes con los 21 vecinos, de las declaraciones prestadas por algunos de estos vecinos ante la Guardia Civil y fundamentalmente del informe emitido por la secretaria interventora del Ayuntamiento, «no se puede descartar la existencia de delito en la conducta de los citados investigados», según la Audiencia.

En su auto, los magistrados señalan que «las referidas contrataciones se llevaron a efecto de forma absolutamente irregular, sin tramitar expediente alguno, incumpliendo los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad».

No existía una bolsa de empleo municipal, no se hacía una valoración de méritos de los candidatos, no se daba publicidad de las ofertas de empleo y que ni siquiera se incoaban expedientes. «No parece que pueda descartarse que las resoluciones administrativas dictadas por los alcaldes investigados acordando las referidas contrataciones pudieran ser manifiestamente ilegales».