El caso ACM salta a la política nacional por la implicación de Limones

El PP de Sevilla no ha tardado en elevar la responsabilidad desde Alcalá hasta la dirección regional del PSOE primero y el Congreso después y ha pedido a la dirección socialista, (Verónica Pérez y Rodríguez Villalobos) que «exija» el acta de diputado «a quien va a sentarse en el banquillo con un escaño en el congreso pagado por todos los ciudadanos».

El asunto también salpica a la presidenta del partido en Andalucía, Susana Díaz. Fue ella quien lo puso de número 3 en las listas para el congreso cuando ya la investigación estaba en marcha y el nombre de Limones había aparecido por su posible implicación en delitos de malversación y prevaricación. De hecho antes de las elecciones la Fiscalía ya había pedido al Juzgado de Alcalá que elevase al Tribunal Supremo las diligencias relativas a las irregularidades en la gestión de ACM por los «indicios más que poderosos» de la participación de Gutiérrez Limones en los hechos.

En el grupo socialista en el Congreso, Limones se mantuvo fiel al resto de diputados andaluces en la lucha interna entre partidarios de Susana Díaz y de Pedro Sánchez. E incluso fue nombrado vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Mientras, afirma el PP, «Verónica Pérez y muchos otros dirigentes socialistas se dedicaban a defenderlo y a calificarlo como un magnífico alcalde y un ejemplo de buena gestión». Una defensa que ahora parece salpicar a la dirección socialista.

El escrito que el juez del juzgado número 2 de Alcalá ha remitido al Tribunal Supremo es particularmente explícito en lo que se refiere a Gutiérrez Limones. Por un lado, encuentra un posible beneficio directo del presunto desvío de fondos de la empresa pública . Basándose en la investigación de la Guardia Civil cita un gasto con cargo a las arcas públicas de 976 euros en un viaje a Madrid con visita a varios parques temáticos, supuestamente disfrutados por «Gutiérrez Limones, su mujer y sus dos hijos».

Pero además, e l escrito del juez indica con rotundidad que las irregularidades descritas en la investigación de la Guardia Civil «eran conocidas por Gutiérrez Limones» y que no actuó para frenarlas. Más bien al contrario, ya que negó los medios que le pidió el interventor municipal para realizar el control económico y en definitiva permitió la creación de «una estructura cerrada y coordinada dentro de los tres estamentos de la entidad, Gerencia, consejo de administración y de junta general».

Con estos argumentos, el PP carga directamente contra Susana Díaz, con el caso de Gutiérrez Limones como ariete, «la justicia ha puesto en su sitio al PSOE de Susana Díaz demostrando que en este partido se premia siempre su carné de partido aunque eso sea a costa del dinero de los ciudadanos y de la gestión en un ayuntamiento como el de Alcalá de Guadaíra».

Por su parte, el PP de Alcalá ha manifestado su «satisfacción» por el nuevo paso en el proceso judicial, ya que estiman que supone un avance en el esclarecimiento de los hechos y pone de manifiesto las «irregularidades que desde la empresa pública de comunicación se estaban cometiendo durante años». Recuerdan además que el propio Limones y el gobierno socialista de Alcalá negaron los hechos en reiteradas ocasiones e indican que durante años «fue el propio Gutiérrez Limones, como máximo responsable de la sociedad, quien obstaculizó la labor fiscalizadora del Partido Popular».