El fuego en Los Palacios da un vuelco al escenario jurídico

Un detalle de vital importancia en un proceso judicial, ya que siempre se podrá alegar que la documentación aportada en la instrucción está incompleta y que no se pueden presentar pruebas para la defensa porque desaparecieron en el incendio. Es decir, las consecuencias no sólo afectan a los expedientes y facturas de interés que hayan podido destruirse, sino incluso a la estrategia jurídica de las partes en el proceso. La Fiscalía del Área de Dos Hermanas, no obstante, tiene copias compulsadas de todos los documentos sobre los que ha fundamentado sus denuncias. Pero en cada caso la instrucción judicial, que ahora comienza, no podrá ampliar ese fondo documental. Ocurre tanto para la denuncia de los trajes de flamenca de la concejal que supuestamente los compró para ella con dinero municipal como para las cesiones de suelo irregulares de la empresa de desarrollo local Idelpa . Y, por supuesto, acaba con la posibilidad de que el actual alcalde, Juan Manuel Valle , pueda seguir poniendo nuevos hechos en conocimiento de la Justicia.

Un dato curioso es que el Ayuntamiento de Los Palacios , que se encuentra en quiebra como consecuencia de una deuda heredada de casi cien millones de euros, necesita presentar las cuentas de los últimos años —cosa que no hizo el anterior gobierno— para poder acceder a ayudas extraordinarias por parte de la administración. Con la quema, esta labor también se va a complicar mucho, aunque en las semanas previas al incendio se estaban analizando diversos expedientes de asuntos que habían llamado la atención del actual equipo de gobierno al estudiar los asientos contables. De ese material tampoco ha quedado casi nada.

La auditoría es vinculante

Por fortuna para las causas judiciales ya abiertas, la auditoría realizada al Ayuntamiento por Iberaudit , en la que se pusieron de relieve muchas de las irregularidades, es un documento vinculante, al igual que el informe del administrador concursal de Idelpa. Pero la gestión urbanística , en la que había puesto su punto de mira la Fiscalía al hablar de irregularidades en las cesiones de suelo, será casi imposible de examinar. Todo el registro ha ardido. No será posible tampoco dilucidar si muchos de los contratos que están bajo sospecha se hicieron o no con procedimientos de contratación legales, es decir, se adjudicaron por concurso o a dedo.

Pero la Justicia sí podrá investigar sin problemas la trama de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía durante los años de gobierno del PSOE para proyectos que nunca se hicieron y cuyas cantidades no fueron reclamadas hasta que los socialistas fueron apeados de la Alcaldía por Izquierda y Progreso, partido adscrito a IU. Todos esos expedientes están en poder también de cada una de las consejerías que concedieron las ayudas, por lo que en ese caso la investigación podrá llegar hasta el final sin trabas.

Hasta ahora la Fiscalía ha denunciado a Maestre , a su delegada de Urbanismo, Rosario Gavira , y al delegado provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Manuel Antonio Gálvez , por la subvención otorgada para hacer una guardería de 837.000 euros en 2009. Además, la juez Mercedes Alaya tiene en el sumario del caso ERE la ayuda que dio el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero , en 2004 para hacer un centro ecuestre. En total, el Ayuntamiento ingresó del llamado «fondo de reptiles» 750.000 euros. El proyecto nunca se hizo y el dinero no se reclamó hasta junio de 2011, con el nuevo alcalde ya en el sillón.