La Fiscalía denuncia una trama de falsas ayudas de la Junta a Los Palacios

Eso es al menos lo que ha denunciado la Fiscalía del Área de Dos Hermanas ante el juzgado después de una investigación de la Guardia Civil que ha puesto al descubierto un sistema de financiación presuntamente fraudulento, por el que el ministerio público inicia acciones legales contra el citado exalcalde, Antonio Maestre, el exdelegado de Igualdad y Bienestar Social de la Junta en Sevilla, Manuel Antonio Gálvez Rodríguez, y la exdelegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Palacios, Rosario Gavira, a los que acusa de la posible comisión de delitos de fraude en las subvenciones, malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental.

La denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, se refiere a un caso concreto, el de la subvención para construir una guardería en la localidad sevillana, pero fuentes del caso han avanzado a este periódico que esto es sólo el comienzo, ya que existen indicios bastante fundados de que el mismo procedimiento llevado a cabo en este caso se usó para otras muchas subvenciones con otros delegados provinciales de distintos departamentos de la Junta.

Según el Boletín Oficial en el que se recogió la orden que regulaba esas subvenciones, la finalidad era cofinanciar la construcción entre el Ministerio de Educación y el Ayuntamiento de Los Palacios para la creación de 27 unidades escolares con un total de 400 plazas. El centro se ubicaría en la calle Santo Domingo, según recogió la resolución publicada en el BOE el 2 de enero de 2009. La obra tenía un presupuesto de 1.674.088 euros, y en ejecución de ese convenio, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social acordó la concesión al Ayuntamiento de Los Palacios de una subvención de 837.024 euros. El dinero ingresó en la caja del Ayuntamiento el 31 de julio de 2009 y el plazo para hacer la obra concluía el 31 de diciembre de 2010.

Sostiene la Fiscalía que «la realización de tal actividad subvencionada nunca se acreditó documentalmente, ni se procedió a la devolución de la cantidad recibida, invirtiéndose este dinero público así obtenido en fines distintos».

Cuando la Consejería de Igualdad solicitó al Ayuntamiento el proyecto, la delegada de Urbanismo, Rosario Gavira, le envió otro completamente distinto al aprobado por el Ministerio, situado esta vez en la Avenida de Canarias, pasando de 400 a sólo 135 plazas y, en cambio, subiendo su presupuesto de 1,6 millones a 1,9 millones de euros.

Mientras tanto, Maestre volvió a firmar el convenio primero con el Ministerio. Un lío que se retuerce aún más con la actuación del delegado provincial de la Junta. Según la Fiscalía, «a pesar de estas manifiestas irregularidades y de constar ya en el expediente de tramitación un proyecto diametralmente diferente», el también denunciado Manuel Antonio Gálvez «resolvió en fecha 25 de junio de 2009 conceder al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca conceder una subvención al amparo del convenio».

Y «a pesar de que nunca ninguno de los dos centros llegaron a construirse, ni siquiera a iniciar su ejecución con el más leve movimiento de tierras permaneciendo hoy en día los dos solares sin construcció alguna, el mismo denunciado, Manuel Antonio Gálvez, redactó un informe con fecha 10 de noviembre de 2010 en el que, estando ya próximo el plazo de finalización para la construcción del centro educativo, fijado para el 31 de diciembre de 2010 manifestaba lo siguiente: en la actualidad, las obras se encuentran en ejecución y no consta en el expediente solicitud de ampliación de los plazos fijados para la ejecución solicitada por la entidad».

Para cerrar el círculo, la delegada Rosario Gavira aportó como justificación de la supuesta obra una memoria de otra tercera escuela infantil construida en la calle Portugal que «falazmente asignaba a la subvención correspondiente al Plan Educa-3 cuando en realidad dicha escuela se construyó con la subvención estatal del Ministerio de Educación recogida en el Plan E».

Los 837.000 euros desaparecieron y la guardería no se construyó, mientras que la Junta y el Ayuntamiento hacían presuntos documentos falsos para justificar su ejecución. Al cambiar el color del gobierno en las elecciones municipales de 2011, cuando accedió a la Alcaldía Juan Manuel Valle, de IU, la Junta procedió, sorprendentemente, a reclamar el reintegro del dinero. Y en la misma situación hay 16 subvenciones más en esta localidad con procedimientos similares.