El expresidente de la Sepi pide al juzgado que se levante su imputación en el Caso Aznalcóllar

En el escrito de su letrado, Alfonso Martínez Escribano , afirma que de las declaraciones de diferentes investigados se pone de manifiesto «de forma palmaria» que no tuvo participación alguna en la fase primera del concurso, donde se determinó quiénes eran las empresas licitadoras admitidas, así como en la preparación, deliberación o aprobación de la resolución de 14 de julio de 2015, por la que se adjudicó el concurso a Minorbis, participada por Magtel.

El exsecretario de Innovación de la Junta asegura en su escrito al juzgado que tampoco tuvo comunicación o relación alguna con los miembros de la mesa que intervino en esos actos, ni les hizo indicación, sugerencia o manifestación alguna respecto al sentido de su decisión. Es más —indica—, «la mayoría de los investigados aseguran ni siquiera conocen al señor Vicente». En cuanto a la identidad de los licitadores que concurrían al concurso —Emérita y Minorbis—, asegura que sólo dispuso de información detallada en el momento posterior, «cuando ya se había resuelto el concurso y aceptado la adjudicación».

Según el auto del Juzgado, debería investigarse la existencia de un posible «delito de tráfico de influencias» que fuera determinadamente de que formalmente la presentación al concurso la hiciese Minorbis, sirviéndose presuntamente Grupo México de las ventajas que pudiera ofrecerla aquella entidad, consistentes en valiosos contactos en la Administración pública», en particular, derivados de la buena relación que pudiera existir entre Vicente Fernández y los representante de Magtel, los hermanos López Magdaleno.

Indica Vicente Fernández que no existe sustento probatorio ni indiciario alguno en la investigación judicial sobre un eventual delito de tráfico de influencias. «Nada de ello ha quedado corroborado por prueba o indicio alguno, directo ni indirecto», añade el investigado, que subraya que, muy al contrario, ya que adoptó medidas perjudiciales a Magtel, como fue negarles ayudas en tres proyectos de financiación.

En cuanto a los correos sobre diversas reuniones en el despacho oficial de la Consejería, el exsecretario general de Innovación afirma que «la inemsa mayoría de los contactos que los correos obrantes en autos relatan eran relaciones únicamente a nivel y sentido profesional y con los directivos o técnicos». Por eso -dice- «no cabe sumar todos los correos para decir que tenía abundantes relaciones o excelentes».

En la resolución de la Audiencia Provincial que conminó al juzgado a retomar la investigación sobre el caso Aznalcóllar se realizaban indicaciones para esclarecer supuestas relaciones singulares con otros investigados, como viajes coincidentes y contactos profesionales de la esposa de Vicente Fernández con los hermanos López Magdaleno. «No han existido tales viajes coincidentes y la esposa de Vicente Fernández no ha tenido relación profesional alguna, ni ha mediado para que los investigado s tuvieran contacto con empresas de construcción sudamericana alguna, tratándose de meras valoraciones deductivas erróneas de los correos en su día intervenidos».

Niega igualmente que haya indicios racionales de cohecho o malversación. «Se ha querido sustentar el cohech en los posibles ascensos de las personas relacionadas con el concurso, lo que el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluye negando», indica el escrito de Alfonso Martínez Escribano, letrado de Vicente Fernández . En este sentido, manifiesta que este imputado fue designado interventor general de la Junta con el mismo rango y retribución que tenía como secretario de Innovación. En cuanto a su designación como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) por el Consejo de Ministros en 2018, Vicente Fernández asegura que «no existe conexión alguna con los hechos investigados».