Accionistas de Abengoa exigen una Junta extraordinaria para cesar al consejo

«Somos 1.200 familias, el 14% del capital de Abengoa y llevamos semanas tratando de sentarnos en una mesa y revisar el plan de reestructuración del 6 de agosto sin que la dirección haya mostrado voluntad de negociación», han informado en un comunicado, en el que aseguran que «no les dejan otra salida» que hacer dicho requerimiento.

Abengoashares pide también en la convocatoria de Junta la revocación del «superbonus» de 58 millones de euros en acciones de Abenewco 1, que recibiría el actual consejo de Abengoa en caso de que el plan de reestructuración del 6 de agosto fuera exitoso.

En este sentido, han apelado a los empleados y a las fuerzas sindicales para que «unan esfuerzos y pidan al consejo la formulación de alguna propuesta potencialmente aceptable y justa para los accionistas», y recuerdan que la situación de «despidos masivos, impagos y retrasos salariales es la tónica general de la empresa desde hace años».

Con la convocatoria de la Junta Extraordinaria, los accionistas pretenden también obtener explicaciones del actual consejo de administración de Abengoa sobre el informe de valoración de Abenewco2 , que provocó que Abengoa estuviera incursa en causa de disolución, señalan los accionistas mayoritarios de la multinacional.

Recuerdan, además, que en el primer trimestre del año la compañía incrementó sus ventas un 11% y un 61% el ebitda pasando de 144 millones de pérdidas a 25 millones de beneficios, por lo que concluyen que la «compañía va bien aunque tenga problemas financieros» y critican que la «solución de la actual dirección es regalársela a los bonistas que no son industriales en lugar de buscar alternativas que le den viabilidad a la empresa y a la plantilla».

La petición de Junta General de Accionistas es el último paso dado por AbengoaShares tras la petición judicial de suspensión cautelar del acuerdo de reestructuración del pasado 6 de agosto, y también ha solicitado a las entidades involucradas, ICO, Cesde, SEPI y los bancos financiadores que «detengan el plan al estar judicializado».