Abengoa negocia con la Generalitat trasladarse a Valencia

En realidad, los estatutos sociales de Abengoa S.A. establecen qu e no se puede cambiar el domicilio fiscal fuera de Sevilla si que lo apruebe la junta general de accionistas de la multinacional . Los estatutos establecen que el domicilio social se fija en Sevilla, Campus Palmas Altas, en calle Energía Solar 1, 41014, «pudiéndose establecer y suprimir sucursales o delegaciones, agencias, almacenes, depósitos y demás establecimientos complementarios en cualquier otro lugar de España y en el extranjero cuando así lo acuerde el consejo de administración de la Compañía, el cual, también, podrá trasladar el domicilio social dentro del término municipal de Sevilla. La Junta General podrá acordar el cambio de domicilio social a otro municipio previa propuesta del consejo cumpliendo las disposiciones vigentes al tiempo del acuerdo».

Esta noticia, que se viene rumoreando desde hace dos semanas, vuelve a primer plano después de que los responsables de la compañía hayan protagonizado un importante choque con el Gobierno andaluz por la negativa del Ejecutivo regional a participar en el plan de refinanciación con un préstamo de 20 millones de euros, alegando que la Administración autonómica no cuenta con ningún instrumento legal para canalizar esta elevada suma de dinero público.

Fuentes de la Generalitat confirman a Las Provincias que estos contactos ya se han materializado y que la sociedad que trabaja en sectores como las infraestructuras, energía o agua tiene claro que quiere dejar Sevilla. Sin embargo, matizan que este es un proyecto a medio plazo y que falta definir si se quiere traer únicamente la sede social, tal y como ocurrió con algunos bancos, o también parte de la estructura.

Abengoa está sumida en un delicado problema financiero ya que tiene que asumir unas o bligaciones de pago que alcanzan los 540 millones de euros . Por ello, había querido conseguir ese préstamos de 20 millones por parte del Ejecutivo andaluz que, aunque insuficiente, le permitía aliviar en parte de su gran carga. Por su parte, desde la consejería de Economía del Gobierno regional se aseguraba que no existía un mecanismo legal para conceder esta ayuda y se temía que el caso pudiera ser judicializado, tal y como ha ocurrido con otros proyectos similares que tuvieron lugar durante los mandatos socialistas.