La Ley de polígonos apuesta por la modernización de los espacios productivos para impulsar la industria en Andalucía

Paradela ha detallado que la primera línea de ayudas, con un presupuesto de 109 millones, corresponde al programa de Incentivos Integrados que aúna competitividad industrial y eficiencia energética (INCEA), y que va dirigida al fortalecimiento de los ecosistemas en torno a 20 actividades industriales de referencia para Andalucía: las 19 que cuentan con un plan específico de cadena de valor bajo el paraguas del Plan Crece Industria, más el sector aeroespacial y de defensa. La segunda línea de incentivos se enmarca en el programa para el uso eficiente de la energía en Andalucía (INEA), que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, y que destinará 45 millones al sector empresarial y la cadena agroalimentaria para avanzar en eficiencia energética.

El consejero ha hecho este anuncio durante su defensa del Proyecto de Ley de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía (LEPA), que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 2 de septiembre, y que ha superado el debate de totalidad tras el rechazo de la enmienda presentada por el grupo parlamentario socialista, por lo que ahora continúa con su tramitación parlamentaria.

«Se trata de una iniciativa legislativa que nace con la vocación de dar respuesta a una reivindicación histórica de ayuntamientos y asociaciones empresariales de la mejora de los espacios productivos y polígonos industriales», ha subrayado Paradela.

Un texto que, ha incidido, «ha sido ampliamente consensuado y ha obtenido un elevado grado de participación», como demuestra el hecho de que durante el proceso de información pública y el trámite de audiencia «se han recibido un total de 437 aportaciones procedentes de 22 entidades y organismos tanto públicos como privados, de las que cerca de un 80% se han incorporado al texto».

Ha agradecido, así, su contribución a entidades como la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), las organizaciones sindicales UGT y CCOO, Asociación de Espacios Productivos de Andalucía (AEPA), Confederación Española de Áreas Empresariales (CEDAES), Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES), Asociación de Empresarios Polígono ASEGRA de Peligros (Granada), Sevilla TechPark, y Asociación Española de Parques (AEPA), entre otras, presentes durante el debate.

En Andalucía se contabilizan un total de 2.379 espacios productivos en más de 540 municipios, de manera que el 70% de los municipios andaluces cuenta con algún polígono. Albergan a 46.500 empresas y 10.000 autónomos, el 16% del tejido empresarial andaluz y el 22% de los trabajadores, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

«A pesar de la importancia que estos espacios tienen para el desarrollo económico de nuestros municipios, no todos se adecuan a las demandas actuales del tejido industrial, ni cuentan con los instrumentos regulatorios, financieros o de gestión necesarios para abordar su modernización y mantenimiento», ha precisado el consejero, quien ha considerado que «la futura Ley pretende resultar eminentemente práctica, útil y aportar soluciones a las necesidades de los entornos productivos andaluces».

El diagnóstico que sirvió como punto de partida arrojó que el 40% no cuenta con servicios adicionales como red contra incendios, telecomunicaciones y señalización, o que el 90% carece de equipamientos e infraestructuras como centros de empresas, suministro de gas o depuradoras de agua.

«Estamos ante una ley que, por encima de todo, nace con la determinación de articular las condiciones necesarias para llenar de industria estos entornos, haciéndolos lo suficientemente atractivos para acoger proyectos que generen crecimiento económico y empleo estable. Y ofreciendo para ello un entorno favorable en el que se reducen trabas, simplifican trámites y se garantizan procesos ágiles para la implantación de nuevos proyectos industriales».

La LEPA, cuyo texto se estructura en 92 artículos, divididos en cinco títulos, ocho disposiciones adicionales, tres transitorias y seis disposiciones finales, introduce una serie de instrumentos concretos orientados a facilitar la atracción de inversiones. Uno de ellos es la creación del «espacio industrial protegido», una figura que busca preservar los espacios de alto valor industrial y de elevado impacto económico y social para el territorio donde se ubican, y que se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales. Esta consideración conllevará ventajas como la agilidad en la tramitación de permisos, la preferencia para la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía (UAP) o el acceso a incentivos específicos.

El texto incluye, además, nuevas figuras para reforzar la atracción de inversiones como los 'Proyectos Tractores de la Industria', aquellos que generan un relevante efecto arrastre para la economía local, y que van a disponer de un régimen administrativo preferencial.

Otra iniciativa relevante es una clasificación de los espacios productivos en tres niveles en función de las infraestructuras y servicios con los que cuenten: básico, avanzado y avanzado excelente. Además, se añaden las etiquetas de polígono «fabril» en función de su especialización industrial, y de «inteligente, sostenible o Eco-green« según su grado de adecuación a la transición ecológica y digital. Esta medida permitirá conocer la situación de partida de cada polígono respecto a los demás, les ayudará a identificar sus potencialidades y priorizar las actuaciones de mejora que precisan.

Además, contempla herramientas para abordar uno de los problemas que limitan el crecimiento de los polígonos y que está relacionado con la disponibilidad de energía eléctrica. En esta línea, recoge la elaboración de un inventario de la capacidad de potencia eléctrica, una tramitación simplificada para instalaciones energéticas, la reserva de terrenos para usos industriales y energéticos, planes de fomento de la electrificación de la demanda industrial y autoconsumo, el desarrollo de redes cerradas, o ayudas para la mejora y desarrollo de las infraestructuras energéticas, entre otras.

Para promover la cooperación en el mantenimiento, gestión y mejora entre las empresas y las entidades locales se crean las Entidades de Gestión y Modernización de los Espacios Productivos. Estrechamente relacionado con ello, la LEPA establece estructuras para articular una amplia colaboración entre todos los actores que participan del desarrollo de los espacios productivos, incluyendo a la Administración autonómica, las entidades locales y el tejido empresarial, así como con las corporaciones de derecho público como Cámaras de Comercio o Colegios Profesionales.

Por ejemplo, en materia de organización administrativa se crean dos figuras: las Oficinas locales de Espacios Productivos, promovidas por los ayuntamientos o diputaciones, y el Gabinete Técnico de Espacios Productivos de Andalucía, creado en el ámbito de la Consejería de Industria, con el cometido de apoyar a las Oficinas Locales e impulsar los instrumentos de la ley. Y, en materia de planificación, destaca a la figura del Plan director que, elaborado por las entidades locales y en su caso por las Entidades de Gestión y modernización, establecerá su propia estrategia de desarrollo.

Sin esperar a la aprobación de la Ley, la Consejería de Industria, Energía y Minas prevé lanzar antes de final de año una primera convocatoria de ayudas de 50 millones, específica para la mejora de los polígonos y con «vocación de permanencia». Unos incentivos «que permitirán impulsar inversiones dirigidas a mejorar la competitividad de los espacios, al uso de energías renovables, a la digitalización, al despliegue de redes eléctricas inteligentes o en la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en estos espacios», ha detallado Jorge Paradela.