Las constructoras andaluzas denuncian su discriminación en las obras del Gobierno central en la región

De los 3.548 millones de euros de obra pública que se adjudicaron en 2023 en Andalucía, el máximo inversor fue el Gobierno central, con 1.352 millones (38,1%), seguido de los ayuntamientos, con 1.012 millones (28,5%) y la Junta de Andalucía, con 968,1 millones (27,3%). Las diputaciones, universidades y otros organismos suman más del 6% del volumen de adjudicación. Teniendo en cuenta la inflación de los últimos años, la inversión pública «razonable» en Andalucía hubiera sido 6.000 millones de euros anuales, según Ceacop.

Carlos López, presidente de Ceacop, ha reclamado una mayor participación de las empresas andaluzas del sector en los contratos públicos del Gobierno central, argumentando que conocen bien los proyectos, generan riqueza y empleo estable en la región y tienen una experiencia demostrada al haber participado en las grandes infraestructuras de la comunidad. «Las empresas multinacionales vienen aquí a hacer una obra y se van», ha argumentado López, quien ha lamentado que el Gobierno central haya adjudicado el 77% del volumen de inversión en la región a empresas que no son andaluzas.

Estos datos suponen «una gran frustración del sector por el desprecio absoluto del Gobierno central al no dejarnos participar en infraestructuras que se adjudican y ejecutan en Andalucía. A pesar de que llamamos a muchas puertas, una vez más el porcentaje de obras públicas que se adjudican en Andalucía a empresas locales no llega al 23%, un porcentaje ridículo y preocupante», ha indicado.

Ceacop valora positivamente que los ayuntamientos hayan adjudicado el 69% de sus obras a empresas andaluzas, en tanto que las diputaciones alcanzaron el 82% y la Junta de Andalucía el 67%. «Son infraestructuras similares a las que adjudica el Gobierno central. Estamos avalados para trabajar para la Junta de Andalucía y no para el Estado. Esto no obedece a problemas de capacidad, sino a que cuando las decisiones se toman en Madrid pues el Gobierno central parece que está más en manos de las empresas que cotizan en Bolsa o de empresas de otras comunidades, que sí tienen la oportunidad de trabajar en Andalucía mientras que nosotros no podemos hacerlo en las suyas».

«Aspiramos a alcanzar el 75% de la inversión pública en la región porque tenemos solvencia, capacidad y medios», ha indicado el presidente de Ceacop, quien ha recordado las empresas catalanas y vascas se adjudican casi el 60% de la obra pública que se licita en sus comunidades autónomas. «En Cataluña las empresas locales tienen un plus en las adjudicaciones públicas. Es un agravio comparativo porque el Gobierno central no nos permite trabajar en nuestra casa», ha sentenciado López.

Por otra parte, Ceacop ha querido llamar la atención sobre la admisión en concursos de ofertas temerarias, algo -que ha dicho- «tiene un efecto negativo en las infraestructuras y empresas porque empobrece al sector». Esta patronal afirma que estas prácticas favorecen que finalmente se produzcan «dedazos» en las adjudicaciones.

Asimismo, lamentan estas empresas que la revisión de precios que recogieron decretos del Gobierno central y de la Junta de Andalucía para compensar la subida de precios de las materias primas tras el Covid y la guerra de Ucrania no están teniendo los resultados esperados. «Las obras se han hecho y ahora muchos expedientes de petición de revisión de precios tienen la callada por respuesta, sobre todo por parte de los ayuntamientos», ha añadido Carlos López, quien ha calificado de «falta de responsabilidad» dejar este asunto en manos de los tribunales y esperar a que se resuelvan estos contenciosos dentro de tres años, sobre todo cuando se trata de pymes, algunas del mismo pueblo donde se ejecutan las obras».

En cuanto a la Junta de Andalucía, asegura que está revisando precios pero con mucha lentitud. «La Consejería de Fomento se está poniendo al día, pero la de Agricultura no está informando, y lo mismo pasa con Educación o Sanidad», aseguran las empresas.

Preocupa y mucho a Ceacop el «abandono del mantenimiento de las carreteras», poniendo como ejemplo el estado de la A-92. Para esta patronal, está muy bien que hayan mejorado las infraestructuras educativas, sanitarias y de depuración, entre otras, pero no en detrimento de la red de carreteras, que de no arreglarse cada año exigirán una inversión mayor en el futuro. Arturo Coloma, gerente de Ceacop, calcula que todas las administraciones dedican en Andalucía algo menos de 200 millones de euros al mantenimiento de carreteras, cuando esa cantidad debería alcanzar los 400 millones de euros.

Por último, las empresas de Ceacop, entre las que hay ingenierías y constructoras, denuncian «el uso abusivo y fraudulento por parte de las administraciones de empresas públicas como Tragsa e Ineco», lo que les ha llevado a estudiar acciones legales. «Cuando hay cualquier problema con un contrato, en lugar de sacarlo de nuevo a licitación, se adjudica directamente por tres veces su coste inicial a Ineco o Tragsa, que luego terminan subcontratando, lo cual es un despilfarro de dinero público», se lamenta Coloma.