Cuestionan el sistema elegido por la Junta para reabrir Aznalcóllar

Por un lado, «expropia los derechos e intereses patrimoniales legítimos derivados de los procedimientos de solicitudes de permisos de investigación sobre terrenos de Aznalcóllar». En este momento existían tres permisos de investigación (en trámites de concesión) en manos de dos compañías: Andalucía Mining y la propia Qbis (con capital australiano y cuyo domicilio social está en Granada). En paralelo, la comunidad autónoma se escuda en el Estatuto de Autonomía para reservarse la actividad extractiva de los derechos mineros de Aznalcóllar «a fin de adjudicar las actividades de explotación a través de un concurso público». Qbis considera que la Junta se atribuye «de manera ilegítima la regulación exclusiva de la minería en la zona por lo que está preparando acciones contra el Gobierno regional». Eva Amado, abogada del grupo, señala que el principal objetivo es que se declare la inconstitucionalidad del decreto. «Con independencia de las acciones legales que asisten a Qbis, la primera actuación será solicitar el amparo institucional del Gobierno Central, para que éste promueva un recurso de inconstitucionalidad», apunta.

Fuentes de la Junta consultadas por ABC aseguran que el decreto «aplica la regulación estatal en el ámbito de las expropiaciones, con lo cual se indemnizará a los afectados por los costes en los que hayan incurrido en el proceso de petición de derechos».