Vox quiere copiar en Sevilla la medida de Ada Colau en Barcelona para luchar contra los manteros

En 2019 el gobierno municipal de Barcelona de la podemita Ada Colau y el socialista Jaume Collboni, entonces teniente de alcalde y hoy primer edil de la Ciudad Condal, aprobó un cambio en las ordenanzas para luchar contra la venta ambulante no legal. Esta normativa contemplaba hasta 500 euros de multa para los compradores de los manteros.

Cuatro años después esa medida 'estrella' de Colau y Collboni se quiere emular en Sevilla, impulsada, curiosamente, por Vox. La propuesta presentada por Cristina Peláez, portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Sevilla y a la que ha tenido acceso este periódico, se ha registrado con el fin de debatir la implementación de medidas para la erradicación de la venta ilegal conocida como 'los manteros'.

«Desde hace años, en Sevilla viene produciéndose lo que popularmente se denomina el 'top manta' o dicho de otra forma, venta ilegal de productos ilegales. Se trata de la ocupación de la vía pública de personas ofreciendo venta de copias ilegales de productos de marcas, de falsificaciones, de productos de segunda mano, etc. Estos vendedores no cumplen los requisitos legales de las ventas ambulantes, que están reguladas por Ordenanza Reguladora para el Ejercicio del Comercio Ambulante de nuestra ciudad. Se incumplen también normas relativas a la Seguridad Social, no tributan a la Hacienda Pública, se conculcan derechos de propiedad industrial e intelectual». Así comienza la propuesta del grupo municipal de Vox.

La formación de Abascal, ante esta situación en la capital hispalense, considera necesario pensar en los comerciantes locales: «los que pagan impuestos, cotizan a la Seguridad Social, tramitan licencias». Y pone el ejemplo de los comerciantes que están cerca del propio Ayuntamiento, que ven cómo «a sus mismas puertas se ejerce esta venta ilegal y ven impotentes que se vende mercancía ilegal, falsificaciones, sin control de ningún tipo; y en muchos casos la misma que esos comerciantes venden en el interior de los comercios».

Para Vox, «obvia cualquier debate sobre el perjuicio que se produce a los comerciantes de Sevilla con la permisividad que esta situación se generaliza», al tiempo que expone en su propuesta al Pleno las consecuencias y los peligros de este mercado ilegal: «destrucción de empresas y de empleo».

«La venta ambulante ilegal es competencia desleal y es una de las causas del cierre de empresas con la pérdida de empleo consiguiente, conculcando también los derechos de los vendedores ambulantes de nuestra ciudad», añade la portavoz de Vox, Cristina Peláez, en dicha propuesta.

En sus argumentos para defender esta propuesta, Vox asegura que este fenómeno «pone en peligro la seguridad de los ciudadanos, ya que los artículos comercializados de forma ilegal son, en general, de muy baja calidad y no cumplen la normativa de seguridad».

Además, advierte de que se diluyen los derechos de los consumidores, por la falta de calidad del producto, por la ausencia de información previa a la compra, por la inexistencia de garantía, cambio o devolución del dinero; y del deterioro de la calidad de vida de los sevillanos y del entorno de la ciudad por la ocupación ilegal de aceras o parques.

Vox, asimismo, para defender su medida señala que detrás de los manteros se esconden mafias que los someten a explotación laboral, precisando la más que probable explotación de trabajadores del Tercer Mundo, quienes elaboran los productos ilegales.

Y aprovecha su propuesta Vox para criticar la permisividad y la inacción del Gobierno ante este fenómeno ilegal, pues «la fabricación y comercialización de copias ilegales o falsificadas están tipificado por nuestro Código Penal, en defensa de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial». Igualmente, se fomenta el fraude a la hacienda pública y a la Seguridad Social, dado que la venta ambulante ilegal no entiende de cotizaciones o impuestos.

La actual ordenanza municipal recoge que la actividad inspectora y sancionadora corresponde al Ayuntamiento, en concreto, los servicios de Consumo y la Policía Local. La normativa autonómica, según Vox, no impide que los ayuntamientos se arroguen la competencia sancionadora.

Este fenómeno «va en aumento en distintas zonas de la ciudad» y recuerda Vox que hace dos años propuso en el Ayuntamiento una modificación de la normativa con el objetivo de poder sancionar no solamente a aquellos que realizan la venta ilegal de productos en la calle, sino también a aquellos viandantes que realizaran la compra. Ahora vuelve a proponer la misma medida para erradicar esta forma de venta ilegal, contemplando sanciones a los compradores y las personas que colaboren con los manteros, como ocurre en Barcelona.

Por último, la medida de Vox propone que el Área de Seguridad del Ayuntamiento, con los policías locales disponibles en cada momento, se lleven a cabo controles selectivos y dispositivos necesarios para disuadir a los vendedores y compradores, imponiendo las sanciones correspondientes.