El Tribunal Supremo avaló que el Ayuntamiento de Sevilla retirara una caseta por no pagar las tasas

Concretamente el Tribunal Supremo ya determinó hace varios años que el Ayuntamiento de Sevilla llevaba razón al retirar la caseta, a quien en su momento no había pagado las tasas reglamentarias en su tiempo y forma.

Fue una sentencia firmada en 2015, que tuvo gran trascendencia y en la que se establecía que la titularidad tradicional de una caseta se pierde por no abonar las tasas. El asunto no es baladí si se tiene en cuenta que hacía referencia a un supuesto muy similar al que ahora se ha producido con el PSOE.

La sentencia, dictada por el alto tribunal, rechazaba el recurso de casación que había presentado un abogado contra un fallo previo en el mismo sentido del TSJA contra la ordenanza de la feria de abril. Se trataba de un demandante que había disfrutado de una caseta durante 16 años pero la había perdido tras no abonar el correspondiente recibo a tiempo, como se hace cada año.

Por ello, y después de que el Ayuntamiento se le retiraste la titularidad de la caseta decidió ir a los tribunales, alegando que se había vulnerado el principio constitucional de libre concurrencia. Y el de proporcionalidad por la pérdida automática de la licencia para seguir con la caseta en la feria.

Sin embargo tanto el TSJA como el TS en un pleito que duró varios años le dieron la razón al Ayuntamiento de Sevilla avalando la retirada de la caseta por no pagar. De hecho, los magistrados del alto tribunal aseguraban que el Ayuntamiento establece el compromiso de respetar la titularidad tradicional «siempre que por los representantes de la misma se presente la solicitud correspondiente y se abonen las tasas fiscales correspondientes dentro de los plazos establecidos para ello.

Se trata de una sentencia que crea jurisprudencia al tratarse del alto tribunal. Aunque se haya dado algún fallo posterior en otro sentido, los jueces sevillanos consultados por ABC que han tratado asuntos similares parecen tenerlo claro desde hace tiempo.

Es el caso de Conrado Gallardo, juez de la Audiencia de Sevilla y miembro de la sección V a la que fueron a parar algunos pleitos de casetas. Gallardo asegura que el PSOE «no tiene ninguna opción» y que «legalmente ha perdido la caseta». 

En este caso el juez afirma que si ahora el Ayuntamiento de Sevilla diera marcha atrás y le devolviese la caseta podría ser «una arbitrariedad» que podría ser recurrida por otros que están en lista de espera, concretamente por aquellos a los que le tocarán los cinco módulos de la caseta socialista.

En este sentido el magistrado cree que lo que está ocurriendo es «una cuestión política». Y que si el Ayuntamiento quiere hacerle un favor al PSOE lo podría hacer siempre que esos módulos no se hubieran asignado a otros. Si no es así, los que han sido designados para ocupar esos módulos tendrían posibilidad de recurrir esa decisión ya que están «legitimados para ello».

En cualquier caso Gallardo también admite lo mismo que otro juez de lo contencioso administrativo de Sevilla que prefiere mantener el anonimato: los pleitos han disminuido en los últimos años. Y eso que los jueces llegaron a organizarse para repartírselos: cuando se trataba de peleas entre socios eran temas civiles, si eran contra el Ayuntamiento iban a los contenciosos. Y en la historia se han producido muchas sentencias. Como la de aquella viuda que los socios echaron una vez muerto el marido y luego tuvieron que admitir tras llevar ésta el caso a los tribunales.

La Asociación de Titulares de Caseta, Atica, también tiene su propia opinión sobre lo ocurrido. Antonio Barrero, su presidente, recalca que aunque ellos se consideran una asociación «apolítica», lo que ha hecho el Ayuntamiento es lo mismo que se ha hecho con otros titulares de caseta que la han perdido.«Han recibido el mismo trato que los demás. Se les ha aplicado la norma como se le aplica a todo el mundo«, recalca.