Los tres agujeros que tiene que cubrir la Policía Local de Sevilla

No obstante, la Ley Montoro no fue la única causa que luego derivó en los problemas que siguen vigentes, aunque quizá fue la que provocó un mayor agujero. A esto se le añadió la aprobación de la jubilación anticipada para policías locales a los 59 años, lo que permitió muchos efectivos dejaran de estar en servicio antes de tiempo. Esta medida cayó sobre una plantilla envejecida y con poca entrada de jóvenes agentes, agravando el problema.

Estas dos coyunturas fueron el detonante fundamental, ya que se bloqueó durante años el acceso de nuevos agentes y, al mismo tiempo, la alta tasa de jubilaciones anticipadas terminó por reventar la organización interna. Para colmo, las escasas plazas que se crearon en los años sucesivos se vieron salpicadas por el amaño en las oposiciones de 2012.

Entonces, y pese a que el Gobierno central mantenía la Ley Montero, había una excepción mínima para cuerpos de seguridad y emergencias, que podían reponer sólo un 10% de las bajas que fueran surgiendo. Se trataba de un parche que, para colmo, derivó en un fraude cuyas consecuencias perduran en la actualidad. 

La plantilla pasó de más de 1.200 agentes a poco más de 830 en 2019, de los que 44 que se incorporaron en 2012 están salpicados y el del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Sevilla dictaminó que deben ser cesados, debido a las irregularidades en la prueba práctica. La sentencia fue respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que también rechazó los recursos del Ayuntamiento para evitar la ejecución del fallo. Pese a todo, el gobierno municipal lleva años recurriendo para evitar una mayor sangría en la plantilla.

Más allá de esto, el fraude de las oposiciones hizo que los procesos que se convocaron a posteriori fueran menos y mucho más vigilados, con lo cual este problema supuso otro freno a la incorporación de nuevos agentes.

Por último, el agujero que tiene que sortear el gobierno de José Luis Sanz ahora es el de una ley que permite que los nuevos policías locales que se incorporen al haber logrado plaza en las oposiciones tienen el derecho de excedencia. Muchos de ellos prefieren regresar a su municipio de origen, habiendo tomado posesión en Sevilla, bloqueando así que se cubran estas plazas. De los 53 agentes que se incorporaron el pasado viernes, está confirmado por el Ayuntamiento que 11 no estarán en servicio en Sevilla.

Todos estos inconvenientes convierten el modelo actual en insostenible: la plantilla no es suficiente para atender la demanda ordinaria, mucho menos los eventos extraordinarios, que provocan que el gasto en productividades haya pasado de unos 6 millones de euros a los 17, que se han consumido en apenas un semestre.