El IVA de las sillas: dos décadas de pleitos que siempre ganó el Consejo

Entonces, fue al Consejo de Cofradías presidido por Antonio Ríos a quien le correspondió la defensa de la tesis que siempre ha ejercido la institución, que se basa en que la Semana Santa es un acontecimiento religioso y no cultural, por lo que está exento del IVA. Según contaba ABC en febrero de 2000, había habido una inspección tributaria a mediados del año anterior con el fin de valorar la deuda fiscal por el importe de 34,8 millones de las antiguas pesetas correspondientes a los años de 1994 a 1997, y por la que el criterio de Hacienda exigía el pago sin sanción al tratarse de «de una entidad cercana al culto religioso y no ha existido ánimo de lucro alguno de ocultación, defraudación o lucro», afirmaba aquella resolución.

Tras un largo pleito, finalmente Hacienda desistió. En enero de 2004, la Agencia Tributaria declaró que «el Consejo argumentó en su día para pedir la anulación ser diócesis, según el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, y el carácter público de los desfiles». Por ello, la institución salía victoriosa del proceso frente a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, y se reflejaba cómo la situación había quedado solventada toda vez que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) «ha acordado aceptar el desistimiento debidamente formulado», declarando concluso el procedimiento, amparándose en el artículo 20.1 de la Ley del IVA.

En 2001 llegó el cambio de modelo de gestión de las sillas y palcos, que ya no correspondía a los silleros o parcelistas, sino al Consejo de Cofradías, por lo que se acababa el negocio lucrativo para los primeros y todos los beneficios irían a parar a las arcas de las hermandades, para sus fines de culto o de asistencia social.

La exención del pago continuó vigente hasta finales de 2019. Entonces, Hacienda se pronunció después de que la agrupación de hermandades de Murcia emitiese una pregunta vinculante para todas las instituciones similares sobre este asunto del pago del IVA por la explotación de las sillas y palcos. Aquello activó de nuevo la maquinaria de la Agencia Tributaria, que instó a que de cara a la Semana Santa del año siguiente, la de 2020, se cobrara el 21 por ciento añadido por este tributo.

Aquello levantó una fuerte polémica en Sevilla, ya que había interpretaciones legales que invitaban al Consejo a que omitiese aquel requerimiento toda vez que era causa juzgada previamente o los juristas que recomendaban a la institución a aplicarlo y luego pedir la devolución, como fue la hoja de ruta que siguió la junta de Francisco Vélez. Es decir, en el año 2020 se cobró un 21% más por los abonos, pese a que la suspensión de los desfiles procesionales obligó a la devolución de todos los importes a los abonados que lo solicitaran, y a aplicarlo en los años sucesivos con el afán de que, una vez que se le reconociese o bien la exención o bien un pago reducido, se devolvería todo lo cobrado de más.

Ese litigio dio sus frutos el pasado mes de febrero. Entonces, el TEARA concluyó que admitió la impugnación del Consejo de Cofradías y reconoció el correcto proceder de la institución: primero se cobra y luego se reclama. Este tribunal regional, dependiente de la propia Agencia Tributaria, decretó que la Carrera Oficial de la Semana Santa de Sevilla está exenta de IVA porque el Consejo de Cofradías es una entidad social y religiosa cuya fiscalización se enmarca en los acuerdos de la Iglesia con la Santa Sede. Es decir, lo mismo que se resolvió en distintas resoluciones de 2002 y 2004, por lo que sentó doctrina: La Semana Santa de Sevilla es un acontecimiento religioso, no cultural, y no paga IVA.

Sin embargo, el Ministerio de María Jesús Montero, del que depende la Agencia Tributaria, no quedó conforme y recurrió ante la instancia superior, a nivel central, que es ahora el que ha vuelto a avalar la tesis del regional.

Este asunto ha derivado también en una batalla política. El requerimiento de Hacienda tuvo lugar con Juan Espadas al frente de la Alcaldía, que se puso de perfil en este proceso. Para evitar dar la razón al Consejo o al Gobierno central, tiró por la calle de en medio: «Hay que intentar una fórmula que pudiese ser factible para intentar reducir ese IVA». No defendió la exención, sino que se aplicase el tipo reducido. Ni para uno ni para otro.

Sí defendió al Consejo en su pleito con Hacienda el actual alcalde, Antonio Muñoz, que señaló que «no se debería aplicar este impuesto a las sillas, ni el 21% ni cualquier otro porcentaje porque el dinero recaudado lo destinan las hermandades a fines sociales»-

Asimismo, el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, registró una pregunta en el Senado dirigida a la ministra Montero para que explicase el porqué de la insistencia en el cobro del IVA, aludiendo al interés social que tienen las hermandades. La respuesta de la política sevillana fue culpar al PP: «El expediente del IVA arranca en diciembre de 1999, un momento en el que gobernaba el señor Aznar, en el que se le reclamó a las cofradías el importe. Posteriormente, en septiembre de 2002, Gobierno de Aznar, el TEARA lo declaró exento de IVA, y la dirección general de Tributos lo recurrió. Y, ahora, en 2016, Gobierno de Rajoy, una cofradía de Murcia hizo una pregunta vinculante por la que se resolvió que había que cobrar el IVA. Es decir -insistió la ministra-, que ha sido durante los gobiernos del PP cuando se han emitido esos informes». Eso sí, no aclaró el porqué recurre una y otra vez la resolución de un tribunal que depende de la Agencia Tributaria que se engloba en el departamento que ella misma dirige. Ahora queda en el aire si volverá a hacerlo o la resolución será ya en firme.