Los vecinos del Prado pierden el pleito de las cocheras del tranvía

El pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es contundente, aunque todavía cabe recurso de casación antre el Supremo. No obstante, las fuentes consultadas aclaran a ABC que los denunciantes no tienen disposición de seguir el proceso, por lo que definitivamente queda cerrado el futuro de estas cocheras , sobre las que planeaba la piqueta desde su construcción en 2007.

La comunidad de propietarios de Diego de Riaño denunció en los tribunales una posible «ilegalidad» urbanística en la tramitación de este proyecto en octubre de 2007. En aquella fecha, el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, vigente desde hacía solo un año, calificaba los suelos en los que después se hicieron las cocheras como residenciales, lo que impedía que allí se edificara el equipamiento propuesto por Monteseirín para hecer un tranvía que diera servicio al centro histórico de la ciudad después de que la línea 1 del Metro desviara su trayecto.

La alternativa del Metrocentro necesitaba un solar en el Prado para instalar sus cocheras, pero el PGOU no lo contemplaba. El 2 de marzo de 2007, el director técnico de la Gerencia de Urbanismo, José Miguel Chinchilla , firmó un «Informe técnico y jurídico sobre alegaciones formuladas al proyecto» del PGOU en el que bajo el epígrafe titulado «alegación sobre la subsanación de errores materiales en los planos de ordenación», señalaba que en el lugar de las cocheras del Metrocentro se había producido un error y que en lugar de residencial, ese suelo tendría que ser calificado como dotacional, llamado «TI-SI» según la nueva normativa.

Este trámite sirvió para cambiar la calificación del terreno, aunque el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla había denunciado que «tal correción del PGOU es una verdadera modificación del mismo y debería haberse incluido en otro apartado de la documentación expuesta al público», cosa que no se hizo. Todo esto fue aportado por los vecinos al juez, pero finalmente el TSJA ha dado la razón al Ayuntamiento .

En una providencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal andaluz, el magistrado Luis Arenas, que actúa como ponente, concluye que «no procede la demolición en aplicación del principio de proporcionalidad en cuya virtud las consecuencias dañosas de un acto deben estar en consonancia y proporción con la gravedad de la infracción cometida, pues en caso contrario podría conculcarse el principio de justicia material».

La sala estima que la sentencia emitida por el juzgado que llevó el caso en 2011 es inapelable, ya que el Ayuntamiento modificó la calificación del suelo cumpliendo todos los trámites legales exigidos. De hecho, el acuerdo se llevó al Pleno municipal. Por lo tanto, la consideración de suelo dotacional corregida por el gobierno de Monteseirín en 2007 está vigente y cumple con todas las exigencias legales, por lo que a juicio del TSJA la cocheras del tranvía no son objeto de ninguna irregularidad administrativa y se construyeron sin transgredir ninguna ley. Es más, el magistrado impone las costas a la parte denunciante, por lo que los vecinos del Prado tendrán que hacerse cargo de los gastos judiciales ocasionados desde que se inició el proceso.

Este era el último escollo urbanístico del Ayuntamiento heredado de la época de Monteseirín tras la solución de los aparcamientos de Bami, por lo que Espadas ya puede liberar gran parte de la reserva que tiene en el presupuesto para pagar sentencias .