El TSJA condena al juez Serrano a dos años de inhabilitación

El fallo sanciona al juez de familia por un delito de prevaricación culposa , es decir, no intencionada, pero que se produce a raíz de una resolución «manifiestamente injusta» .

El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas había solicitado la libre absolución . Al igual que el TSJA, descartaron la prevaricación dolosa , pero también la culposa, al entender que en el auto del juez Serrano, en el que ampliaba un día más el régimen de visita de un niño para que se quedase con su padre durante la procesión del Silencio, podría existir una negligencia, pero no podía ser considerado «injusto» .

La Sala del TSJA no lo entendió así y condenó a Serrano a un delito que lleva aparejadas penas de entre dos y seis años de inhabilitación.

En la sentencia, el ponente de la Sala y presidente del TSJA, Lorenzo del Río, explica que consideran «una respuesta penal desproporcionada en atención a la gravedad del hecho» . «Aún cuando se imponga el mínimo legal posible, resulta demasiado severo tal reproche punitivo por su cierta desproporción con el mal causado por la infracción», razón por la que acuerdan «acudir al Gobierno» para solicitar « la concesión de indulto parcial para dejar reducida la duración de la pena a seis meses de inhabilitación ».

A lo largo de los 26 folios de sentencia , se extiende en desgranar el objeto de juicio y explicar sus consideraciones sobre la valoración del delito a juicio.

En primer lugar, el TSJA analiza la posible responsabilidad penal dolosa y determina que no ha quedado suficientemente probado que Serrano « haya incurrido en una evidente, patente, flagrante y clamorosa acción o dejación en el ejercicio de sus funciones ; tampoco que haya ejercido arbitrariamente el poder que le confiere su condición de juez, ni que haya actuado por mor de su capricho».

Por ello, lo absuelve de un delito de prevaricación dolosa, tras lo que analiza la posible responsabilidad penal culposa del acusado, pues «omitió trámites procesales» y «vías de solución alternativas».

Además añade que nunca existió para el menor «peligro ni perjuicio inmediato» y que Serrano, « prejuzgó voluntades de personas no escuchadas , que vieron sensiblemente eliminados sus derechos y garantías procesales».

Asegura la sentencia que en la «resolución de los hechos» existió «arbitrariedad» y que, por tanto, existió la citada prevaricación culposa.

En esta línea, el fallo insiste en que «resplandece una imprudencia» debido al «completo desinterés por el conocimiento exacto de la real dimensión del conflicto» y que, «ante un simple deseo infantil», el magistrado vulneró «normas esenciales del procedimiento», como «la oportunísima y perfectamente posible audiencia de los propios padres» .

En este sentido, añaden, que al haber faltado a tales garantías, la resolución dictada convierte «al juez en instrumento, por temeridad o negligencia grave, de un ardid procesal» .

La Sala no ha considerado ningún agravante , por lo que ha descartado que la madre del menor fuese discriminada por razón de su sexo , como reclamaba la acusación particular.

En la sentencia, el presidente del TSJA también resolvió abrir un expediente y acuerda pieza separada de corrección disciplinaria contra el letrado de la acusación de la madre, ya que «se ha excedido en el ejercicio legítimo de su función e incumplido las obligaciones que le imponen las leyes» , repasando el inusual comportamiento del letrado durante el juicio, destacando sus continuas «interrupciones», su «falta de respeto a la autoridad», «los puñetazos en la mesa», sus continuos «aspavientos» e «insultos».

Presiones políticas

Por otra parte, la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres divorciados mostraron ayer su apoyo al juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano. En un comunicado de prensa, la confederación ha expresado su rechazo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y ha calificado al juez Serrano de « hombre honesto y humano, que por tomar una resolución de urgencia en beneficio de un menor , la justicia lo manda al paro y le impone una cantidad económica ingente».

La organización ha considerado que el hecho de que la Audiencia Provincial absolviera al juez y que la Fiscalía pida ahora que se retiren los cargos contra él « pone en evidencia que la sentencia se aleja de los parámetros de lo razonable para entrar en el de las sospechas de las presiones políticas».