El reciclaje de Estepa, un fraude sin respuestas
Mañas sólo habló de los camiones, pero no del blanqueo a través de la compra de fincas, la caja del banco...
La basura enterada en una balsa junto a los olivares
El principal responsable de la planta de reciclaje de Estepa se presentó ayer ante el juez como una víctima del desfalco que se investiga en este recinto en el que se enterraban grandes cantidades de basura sin pasar por la cinta de separación de residuos. ... José Antonio Mañas se quejó de que lleva meses sin cobrar el contrato de alquiler de los camiones que su empresa, Magno Ambiental del Levante, aporta al Consorcio, en el que él es el interventor, lo que en realidad supone un reconocimiento de las irregularidades, ya que es incompatible que el principal funcionario de un organismo apruebe contratos a su propia empresa. Pero además fue el único asunto del que habló a pesar de que la Policía le acusa de otros muchos delitos. Mañas sólo quería hablar de que no cobra su contrato, independientemente de que pueda ser ilegal, y apenas estuvo diez minutos contestando a su abogado. El argumento del letrado para centrarse sólo en esto es que su cliente no tiene problemas para volver a declarar otro día, pero antes tiene que terminar la investigación policial para saber con todos los detalles de qué se tiene que defender exactamente.
En efecto, falta aún un atestado, pero hay muchas cuestiones que ya están cerradas por la instrucción. Por ejemplo, por qué si el interventor del Consorcio consideraba legal el contrato de arrendamiento de camiones con su propia empresa puso al frente de la misma a su esposa, que encima aseguró ayer no saber nada en sede judicial. Tampoco está claro por qué su hija gestionó la compra de hasta 30 fincas en dos años a través de una sociedad que recibía el dinero de Magno Ambiental, ni por qué se produjeron trasvases de cantidades desde esta empresa pantalla utilizando cooperativas olivareras de la comarca.
Tampoco accedió Mañas a que se le preguntase por qué su socio, Manuel Ibáñez, tenía una caja de seguridad en una sucursal bancaria del Centro de Sevilla con 150.000 euros guardados en sobres fechados. Todo esto sigue siendo una incógnita. Y tampoco se ha explicado aún ante el juez por qué se enterraba la basura en unas balsas gigantes que había en terrenos anexos a la central, justo entre los olivares.
Quedan por declarar muchos implicados, entre ellos el empresario al que Mañas y su socio, el gerente de la planta de residuos, compraron la sociedad a la que arrendaron los camiones, entre los que por cierto había varios que tenían su origen en una donación que hizo la Diputación a varios ayuntamientos gobernados por socialistas. Uno de los investigados, de hecho, es el alcalde de Casariche, Basilio Carrión , que era presidente del Consorcio cuando Mañas adjudicó contratos por más de 1,3 millones de euros a su propia empresa.
Este es otro misterio sin resolver aún del caso. Esta compañía que la Policía califica como sociedad pantalla, Magno Ambiental, tenía su sede en un solar de un pueblo de Alicante , según consta en el Registro Mercantil. ¿Cómo es posible que se adjudicaran contratos a una firma que ni siquiera tenía una sede física y que estaba registrada en un pueblo a 500 kilómetros de distancia de la zona en la que operaba?
En los próximos días declarará ante el juez el matrimonio al que Mañas y su socio compraron una finca cuyo valor se triplicó en apenas unos días . La Policía sospecha que se declaró sólo una cantidad que pudieran justificar los investigados con sus propios sueldos, pero que en realidad el precio verdadero se pagó con dinero negro, por lo que esta operación se hacía para blanquear.
Los agentes hallaron durante el registro que practicó en el domicilio de Manuel Ibáñez un contrato de una caja de seguridad y dos llaves de una cámara secreta. Dentro se encontró la primera respuesta a todo este escándalo. Fajos de billetes sin declarar.
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