La cúpula de la planta de reciclaje de Estepa desviaba los fondos a través de dos cooperativas olivareras

Concretamente, los investigados tenían seis sociedades . Una de ellas era la cooperativa agraria La Dehesa , de la que formaba parte el jefe de la planta, Manuel Ibáñez. Según los investigadores, entre 2016 y 2019 se ordenaron transferencias desde esta sociedad a cuentas de titularidad de Ibáñez por valor de 297.500 euros. Al mismo tiempo, La Dehesa recibió ingresos de los entes públicos en los que José Antonio Mañas actuaba como secretario-interventor como el Consorcio de Estepa y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Sur , donde podría iniciarse otra investigación a partir de este descubrimiento policial. En el caso del Consorcio, contrató a la cooperativa agraria de su propio jefe servicios por importe de 116.235 euros en 2016 y por valor de 203.264 en 2019. Por su parte, la Mancomunidad pagó a La Dehesa 76.103 euros . Es decir, Mañas contrataba a la cooperativa de su socio, desde la que a su vez se hacían ingresos directos en sus cuentas por cifras muy similares a las desviadas desde los organismos públicos. La Dehesa es una cooperativa situada en el municipio de Los Corrales dedicada principalmente a la molturación de aceituna para la elaboración de aceite de oliva y a la recepción de aceituna de mesa. Actualmente está absorbida por DCOOP.

Por otra parte, los policías han detectado ingresos en las cuentas del interventor y de sus familiares directos procedentes de la cooperativa agraria Sierra del Terril, la almazara de Algámitas , en cuyo ayuntamiento trabaja como primer funcionario el investigado. En total percibió desde esta sociedad 193.470 euros . Además, Mañas ordenó desviar su nómina en la planta de reciclaje a esta cooperativa desde marzo de 2020 y desde allí traspasaba el dinero a la cuenta de su hija. Según el atestado, « habría maniobrado para desviar el pago de su nómina a una cuenta de la cooperativa en la que no figura como titular, pero a la que tiene acceso a través de las cuentas asociadas» de su hija.

Este mismo sistema de desvío de fondos se llevó a cabo, según los atestados aportados al sumario, con la empresa Magno Ambiental de Levante , que fue la primera que los agentes localizaron. El año pasado, que fue cuando Mañas e Ibáñez adquirieron esta sociedad, el Consorcio le abonó 609.259 euros . Fue, además, el único cliente que tuvo esta compañía desde que ellos eran sus propietarios. Por otra parte, los investigados usaron las empresas Excavaciones Manuel Guillén y Construcciones Cupicor para estos mismos fines. Posteriormente, estos ingresos se blanqueaban a través de la sociedad Promocañete , administrada por la hija de Mañas.

La Udef sostiene que se sirvieron de un matrimonio de Córdoba para comprar fincas por importes muy inferiores a su precio de tasación. Y que luego los vendieron por cantidades que triplicaban la inversión inicial, convirtiendo así el dinero procedente de los desvíos en fondos lícitos. Exactamente, pagaron 200.000 euros por fincas que estaban tasadas en 640.000 y luego las vendieron a otra sociedad de Pedrera por 835.000 euros.

El supuesto enriquecimiento en apenas cinco años fue flagrante, de ahí que el juez que instruye la causa decidiera abrir una pieza separada que ha mantenido en secreto hasta la semana pasada con el objetivo de lograr la máxima documentación posible sobre el «modus operandi» de esta «organización criminal» que ha estado al frente del Consorcio de Estepa con todos los alcaldes socialistas que la han presidido sin que ninguno denunciase nada. El juez también investiga, de hecho, al actual alcalde de Casariche, Basilio Carrión , que firmó contratos con algunas de estas sociedades pantalla con las que se desviaron los fondos. Lo que trata de desvelar este caso es cómo se usó la planta de reciclaje estepeña como símbolo del respeto al medio ambiente para organizar una trama de apropiación de dinero público que comienza enterrando la basura bajo los olivos y blanqueando los fondos a través de almazaras de la zona.