La Junta de Andalucía acelera para la construcción de la Ciudad de la Justicia en Sevilla

Esta fórmula resulta la más adecuada, según el también consejero de Justicia del Gobierno andaluz, para ejecutar el proyecto y permite además cumplir con uno de los objetivos de la Junta, que es ser capaz de impulsar la actividad económica y desarrollar proyectos con la máxima agilidad y eficacia y con el mínimo coste para el ciudadano.

De este modo, según informa la Junta de Andalucía , la iniciativa privada llevaría a cabo la construcción de los inmuebles y su posterior arrendamiento a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local . El proyecto cuenta con un presupuesto de 110 millones de euros.

La Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico de Andalucía tiene por objeto impulsar proyectos de inversión, promoviendo la agilización de todas las actuaciones y procedimientos de las administraciones públicas andaluzas que sean necesarios para su efectiva implantación en la comunidad.

En el ámbito de actuación de la Unidad Aceleradora de Proyectos están las iniciativas que hayan sido declaradas proyectos de interés estratégico y aquéllas que, por su importancia o naturaleza, contribuyan al logro de los objetivos básicos de Andalucía.

Juan Marín, en este sentido, ha explicado en la rueda de prensa posterior del Consejo de Gobierno que la Junta de Andalucía, en este contexto, pondrá en marcha seis grandes proyectos de colaboración público-privada que movilizarán una inversión privada de 1.037 millones y se ejecutarán en su mayoría entre los años 2020 y 2021.

Estos proyectos se incluyen en el plan «Andalucía en marcha» dado a conocer este pasado lunes por el presidente Juanma Moreno para «salvar empresas y empleo» como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus y que movilizará una inversión pública de más de 3.500 millones de euros.

Esta inversión tendrá un impacto económico de más de 12.000 millones en la ejecución de infraestructuras sanitarias, de transporte, educativas, deportivas y de diversa índole y «creará mucho empleo», según el vicepresidente.

Esos seis proyectos son la construcción de una sede administrativa de la Junta en el barrio sevillano de San Bernardo (80 millones), como ya adelantó este periódico; el tercer hospital de Málaga (400 millones), la ciudad sanitaria de Jaén (350 millones), un centro hospitalario en Roquetas del Mar en Almería (30 millones) y la Ciudad de la Justicia de Jaén (72 millones) y la de Sevilla (110 millones).

La nueva Ciudad de la Justicia de Sevilla implica la adquisición y puesta a disposición de varias parcelas, la adaptación al uso judicial de los edificios del Campus de Palmas Altas y la construcción de un inmueble destinado a aparcamientos y de un nuevo edificio judicial.

En una primera fase , en un escenario a cuatro años vista, se trasladarían al Campus de Palmas Altas todas las sedes actualmente en alquiler, lo que permitiría un ahorro de 5.415.466 euros anuales, además de los gastos de mantenimiento, limpieza, vigilancia, comunicaciones postales, telefónicas e informáticas de las diversas localizaciones.

En esta fase, permanecerían en uso los edificios con los que cuenta en propiedad la Junta en el Prado de San Sebastián (juzgados de Instrucción y la Audiencia de Sevilla) y en la segunda fase se culminaría el proyecto, una vez que ya estén concentrados en una única ubicación la totalidad de los órganos y servicios de la Administración de Justicia, con la construcción de un edificio de nueva planta

El Campus de Palmas Altas constituye un moderno complejo con la más avanzada tecnología al servicio de una elevada eficiencia energética. Permitirá disponer de una Ciudad de la Justicia de Sevilla representativa, moderna, única y eficiente.

Además, dispone ya de las instalaciones que se precisan y se adapta a la funcionalidad de los edificios judiciales, como separación de circulaciones entre zonas de uso de personal y público, distribución de despachos, distribución de salas de vistas en plantas bajas, ubicación de servicios con gran afluencia de público, separación de jurisdicciones y servicios comunes.