Menos ratio y más profesores, los argumentos de sindicatos y padres para hacer una huelga

Este miércoles los sindicatos CGT, CC.OO., USTEA, CNT, Sindicato de Estudiantes, Marea Verde , Escuelas de Calor, Fampa Sevilla y Frente de Estudiantes han anunciado la convocatoria de huelga general de toda la comunidad educativa para el día 18 de septiembre en Andalucía. Según dicen, el motivo de la huelga es exigir una educación pública, presencial, segura y de calidad. Para ello han comparecido en rueda de prensa realizada ante la sede de la delegación de Educación en Sevilla , donde se han concentrado portando pancartas en las que anuncian la huelga y las movilizaciones que llevarán a cabo el próximo viernes, entre ellas una manifestación en Torretriana, sede de la Consejería de Educación.

Los convocantes piden más seguridad en las aulas en la vuelta al cole, una bajada de ratio, el aumento de docentes, y contrato de profesore de apoyo hasta que acabe el curso.

Algunos de estos sindicatos incluso han llevado sus dencias a las Fiscalía. Es el caso de Ustea que el pasado mertes presentó ante la Fiscalía de Sevilla una denuncia en la que aseguraba haber detectado unas 58 unidades de escuelas infantiles, educación primaria, educación secundaria y bachillerato de la provincia con ratios que considera «ilegales» e incluso afirmaba que esas ratios podrían implicar «riesgo sanitario» para la propagación del coronavirus.

Según esa denuncia, hay unidades de educación Infantil y Primaria con hasta 28 alumnos por aula cuando la ratio máxima es de 25, mientras en la ESO hay unidades con hasta 33 alumnos cuando la ratio está fijada en 30.

En el caso del Bachillerato, asegura que hay unidades de 38 estudiantes frente a una ratio máxima de 35.

También detalla Ustea que se trata de «unidades planificadas» expresamente así, «no fruto de situaciones sobrevenidas» por la incorporación inesperada de alumnos y asegura que «hay más» centros afectados por ratio «ilegales» y explica hay algunos centros cuentan con nueve aulas de este tipo.

Estas situaciones, según Ustea, implican «riesgo sanitario» para las comunidades educativas al dificultar el cumplimiento de la distancia de seguridad entre personas en las aulas, argumento que recoge la denuncia elevada a la Fiscalía, a la que se reclama que «investigue» esta situación.