Contrarios al rascacielos aportan 20 infracciones en las licencias

Durante la misma, se dio lectura a un comunicado en el que criticaron la actuación del actual Gobierno municipal, con el alcalde Juan Ignacio Zoido a la cabeza, calificando de «más que decepcionante» su primer año de gobierno, toda vez que, según señalaron, «prometió que revisaría escrupulosamente las licencias de la torre y no lo ha hecho». «Cuando Zoido tomó posesión, la torre aún no había emergido y hoy va por la planta 29», indicaron. Piensan, además, que el alcalde se muestra «asustado porque un reconocimiento de las irregularidades en las licencias -concedidas por el anterior grupo de gobierno municipal-podría dejarlo solo ante las indemnizaciones».

Sobre estas licencias, y con dos recursos interpuestos ante los tribunales, indican que «de estas veinte infracciones, al menos tres han sido reconocidas en informe oficial por la Consejería de Obras Públicas ». Una de estas tres, según señalaron los miembros de la plataforma que allí se encontraban -los arquitectos Fernando Mendoza y José García Tapial ; el catedrático Isidoro Moreno; el abogado Ángel Tarancón y la profesora de Antropología Esther Fernández de Paz -, apunta directamente al Edificio Podio , no sólo al rascacielos. «El artículo 9 del Plan Especial de Reforma Interior del ARI-DT-10 Puerto Triana, redactado por el Ayuntamiento para dar cobertura legal a la torre, prohíbe expresamente que ningún cuerpo edificado en esa zona tenga una longitud superior a los 250 metros, mientras que una de las fachadas del Edificio Podio mide 296 y la otra 318». Por este motivo, el pasado miércoles emitieron un escrito a la Gerencia de Urbanismo para que comprobara la longitud de los citados edificios.

La plataforma ve «similitudes» con lo ocurrido con la biblioteca del Prado , ya que ambas obras se construyen sobre una zona considerada como «verde», que no puede ser modificada según el Tribunal Supremo . La única diferencia que encuentran es que en el caso de la biblioteca era una institución pública -la Universidad de Sevilla- la promotora y, con la Torre Pelli, una privada.

Con respecto a la actitud de Zoido, critican que «ha evitado que la ilegalidad de las licencias se dirima en los tribunales». En cuanto a las consecuencias que tendrá la pérdida de la condición de Patrimonio Mundial , estiman que actualmente el 30% del turismo cultural viene por esta declaración, un porcentaje que se perdería.