El PSOE eludió otro informe de los técnicos para dar casetas de la Feria de Sevilla a dedo

Abengoa, que había entrado en causa de disolución, no abonó las tasas de la caseta que tenía en los números 225-227-229 de Pascual Márquez y, como prescribe la ordenanza de la Feria de Abril, automáticamente perdía la titularidad. Junto a estos tres módulos, quedaban disponibles otros cuatro por el mismo motivo con otros propietarios. En el informe del jefe de servicio de Fiestas Mayores se señalaba la forma de proceder: seis de esos siete módulos se adjudicarían a casetas privadas (tres para entidades y otras tres familiares) y una a solicitantes de licencias perdidas. Entonces, los más antiguos en la lista de espera llevaban apuntados desde hacía 25 años.

Sin embargo, en la comisión de adjudicación de casetas, de la que forman parte los grupos políticos en el Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera como presidente de la misma informó que «existiendo el compromiso del equipo de gobierno de incrementar el número de casetas públicas en la Feria de Sevilla», tomaba la decisión de cambiar la clasificación de los módulos de la antigua de Abengoa y de otros tres de la calle Costillares (82-86) pasando a 'titularidad municipal' y a 'popular-entrada libre'. De los siete disponibles a repartir entre la lista de espera cuyos miembros más antiguos llevaban un cuarto de siglo esperando, sólo dejó uno para una entidad, y de forma provisional por un año.

Este mismo mecanismo es el que usó Cabrera para mantener la licencia de la caseta de Mercasevilla al año siguiente, en 2018. Los técnicos de Fiestas Mayores determinaron que había que retirársela por no haber pagado la tasa en plazo, y que el propio exdelegado reconoció que la indultó «por decisión política», pidiendo que se adoptara el mismo procedimiento con la del PSOE. Argumentó que había que mantener las casetas públicas, cuando en la norma no hay ningún artículo que así lo determine, y cuando ni siquiera la caseta del Merca era pública ni abierta al público.

Según ha podido saber ABC, en la comisión de adjudicación de casetas celebrada el pasado lunes, en el que Juan Carlos Cabrera acudió como representante del grupo socialista, el exdelegado mantuvo un fuerte encontronazo con los funcionarios de la delegación que él mismo dirigió durante dos mandatos, quienes le afearon la discrecionalidad de sus actuaciones.

Esa fórmula de adjudicar a dedo las casetas, obviando las ordenanzas de la Feria de Abril y sin tener en cuenta la cantidad de demandantes que llevan años esperando una caseta, se ha repetido al menos en dos ocasiones. Hubo una situación similar en 2019 con la caseta del Partido Andalucista. La ordenanza municipal tiene un vacío legal en el supuesto de que decaiga una entidad propietaria por su extinción. De esta forma, se tomó la decisión de que se le adjudicarían esos módulos al Distrito Cerro-Amate. En este caso, el gobierno municipal sí contaba con informes técnicos favorables por parte de los funcionarios de Fiestas Mayores, por lo que la medida sí estaba avalada.

Desde el PSOE han tratado estos días de argumentar que el año pasado a la hermandad de La O se le admitieron sus alegaciones tras perder la caseta porque uno de sus dos apoderados no había firmado la solicitud. La diferencia, en este caso, estribaba en que La O pagó las tasas y sus apoderados son 'solidarios', es decir, que la firma de uno valida la del otro. No son 'mancomunados', lo que sí hubiera hecho necesaria la ratificación de ambos, y por lo que sí hubiera perdido la caseta.

Otro caso similar, hace años, ocurrió con la famosa 'PCEra', la caseta de IU y el Partido Comunista, que la perdió en tiempos de Jaime Bretón pero que luego la recuperó. Entonces, las ordenanzas de la Feria eran distintas y no se regían por los mismos criterios.