«Hay policías que fueron juzgados y se quedan y otros que nunca fuimos acusados, a la calle»

ABC ha entrevistado a uno de esos 44 agentes que está a punto de perder su puesto de trabajo y debe enfrentarse de nuevo a un examen si quiere recuperarlo, con once años más y una merma de capacidades físicas inherentes al paso del tiempo. Es la primera vez que uno de los opositores señalados acepta hablar con un periódico. Tan sólo ha puesto una condición, que su identidad no se difunda porque no quiere añadir más presión a su entorno personal. Arturo (nombre ficticio) asegura que sólo quiere que al menos se oigan sus argumentos. «En todo este tiempo no se nos ha escuchado y muchos no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de defendernos porque jamás fuimos imputados, no nos sentamos en ningún banquillo y ahora nos vemos en esta situación claramente injusta».

En 2012 coincidieron en un mismo año la celebración de oposiciones de dos convocatorias para la cobertura de 56 y 47 plazas. Ambos procesos fueron investigados por la vía penal lo que desembocó en el enjuiciamiento de 45 personas que al final fueron absueltas porque no se pudo probar quién filtró, aunque la sentencia dejó constancia de las sospechas claras de irregularidades.

En lo Contencioso, la jueza del nº 7 sólo ha intervenido en la convocatoria de las 56 plazas, dejando fuera del caso las oposiciones para cubrir las otras 47. ¿Por qué? Porque sólo había un único reclamante y su demanda sólo afectaba al proceso selectivo en el que participó. Lo que significa que hay opositores que entonces se sentaron en el banquillo de los acusados a los que la anulación dictada por la autoridad judicial no les afecta en nada. No han visto peligrar en ningún momento su puesto de trabajo.

Arturo participó en las dos oposiciones y sacó la plaza en la convocatoria cuyos resultados la juez del Contencioso ha anulado. Nunca fue citado por un juez, ni interrogado por la unidad policial (Gepol) que entonces llevó la investigación interna hace una década. Le consta que su examen como el del resto de compañeros que aprobaron fue analizado al detalle, al igual que sus circunstancias. «Hubo un trabajo muy exhaustivo de la Fiscalía y de la extinta Gepol, pero no encontraron nada porque yo no hice nada malo. No hubo ni un atisbo de sospecha como sí lo hubo con otros».

Trata de mantener el tipo en cada una de sus declaraciones, pero le cuesta. Describe como una pesada mochila cada uno de los días que se levanta esperando «cuál va a ser la noticia mala del día» porque los avances del caso le llegan antes por la prensa que por su letrado.

Siente que forma parte de «un intercambio de cromos en el que se han cambiado a una treintena de agentes que en su día fueron investigados, salieron absueltos y se han librado del Contencioso; por una treintena de agentes inocentes« que ni siquiera fueron llamados a declarar como sospechosos. «Hay policías que fueron juzgados y se quedan y otros, que nunca fuimos acusados, que nos vamos a la calle. Hay incluso opositores que estuvieron en ese juicio, que finalmente no sacaron plaza y ahora van a tener una oportunidad de presentarse porque están en la lista de los que tienen que convocar de nuevo. ¿Dónde está la justicia?».

De los 44 agentes que están al borde de la expulsión, once de ellos sí se sentaron en el banquillo de los acusados, según detalla este agente. Arturo recuerda que los primeros rumores de que se había producido una filtración le llegaron cuando ya estaba en la escuela pública de seguridad, realizando la formación previa a incorporarse a la plantilla. En ningún momento de la entrevista defiende que las oposiciones fueron limpias. Pero sí que protesta con energía por cómo se ha llegado a esta situación once años después. «¿Por qué no se adoptaron medidas cautelares entonces? ¿Por qué no se paralizó todo y en cambio nos dejaron seguir? Se entendería que volviéramos a examinarnos uno o dos años después de las pruebas, pero ¿once? Esto es una auténtica barbaridad. Hay compañeros con serios problemas para pasar el reconocimiento médico (una de las pruebas obligatorias que deben superar de nuevo), con circunstancias excluyentes porque no es lo mismo tener 35 ó incluso 40 años, como hubo gente que se presentó en mi promoción y que ahora tienen 50 años. ¿Y eso es justo?«

Entiende la postura del demandante que mantiene años después viva esta pelea judicial. «Yo creo que también lo hubiera hecho. La persona que opositó en aquellos años sabe lo difícil que estaba sacar una plaza. Creo que pudo ser uno de los peores momentos. Los ayuntamientos apenas sacaban vacantes y se fue creando una bolsa de opositores enorme que nos recorríamos toda Andalucía, acudiendo a cada sitio donde había examen. Por eso lo entiendo perfectamente».

Tampoco le reprocha nada a aquellos que sí acabaron en el banquillo y con los que comparte un mismo destino en estos momentos: «Ojo hay un proceso penal que dice que son inocentes. No tengo nada que decirles. No somos 44 enchufados, eso no es así«.

La historia como opositor del entrevistado arranca en 2007, cinco años antes de las pruebas que acabaron en un tribunal. «Empecé a prepararme con mucho esfuerzo porque en mi casa no había medios. Provengo de una familia humilde y no podía permitirme el lujo de estudiar sólo. Trabajaba por las mañanas y al mediodía me encerraba hasta la noche. Y así todos los días». La Fiscalía, que ejerció acusación en el proceso penal, defendió durante todo el procedimiento que entre los beneficiados por la filtración de la plantilla con las respuestas del examen práctico había personas con vinculaciones con el Cuerpo municipal. No es el caso de Arturo, el primero de su familia que viste uniforme. Pero sale en defensa de los compañeros que sí tienen lazos: «Eso de señalar a uno por ser hijo de no es justo. ¿Qué pasa, que mi hijo no va a tener derecho a ser policía porque su padre lo es?»

Hace varios meses que ha vuelto a los libros e intenta enfundarse el uniforme de opositor porque tiene claro que a pesar de los recursos van a tener que volver a examinarse. Compagina como puede el trabajo, la familia y la presión diaria ante la posibilidad de perderlo todo. «Nuestros abogados nos dicen que está la cosa muy negra. Pero hasta ¿cuándo vamos a estar así? No hay momento del día que no piense por qué me está pasando esto a mi. Si hubiera hecho algo, tendría el consuelo de que estoy al menos apechugando con las consecuencias».

La última pregunta es obligada y se refiere al argumento nuclear de la juez del Contencioso que acaba de insistir en su último auto que las oposiciones deben repetirse porque por encima de todo se incumplieron principios básicos en el acceso a un empleo público. «Yo le pediría que se leyera detenidamente la sentencia del Penal como se lo pediría a todos los que nos señalan. ¿Dónde pone que yo y otra treintena de compañeros hicimos trampas, donde están los exámenes que copiamos? Nos están condenando a nosotros y a nuestras familias a una muerte civil sin ningún motivo».