La Policía y la Guardia Civil alzan la voz en la Cumbre de la ONU y muestran la otra cara de la precariedad: «Las desigualdades son abismales»

El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha lamentado que este despliegue «es el claro exponente de nuestro problema, con unas desigualdades abismales». «Los guardias civiles cuentan con unas dietas que no se han modificado desde hace 23 años, y que asciende a 28 euros diarios para manutención, mientras que a los policías locales les retribuirá diariamente con entre 600 y 720 euros. Y no todas las cajas pagadoras de las comandancias han podido adelantar el dinero para esto y el alojamiento», ha aseverado.

Por su parte, la portavoz nacional de Jupol, Laura García, ha añadido «que se conoce desde hace meses la fecha de la Cumbre y la improvisación sistemática del Ministerio del Interior hace que haya compañeros que estén alojados a una hora y media, por lo que sus servicios se alargan hasta tres horas más».

Para Vilariño es absolutamente «despreciable» el trato que se da a los agentes, y «la grave situación de abandono que sufrimos». «A pesar de las subidas salariales efectuadas en hace cinco años, las diferencias retributivas con respecto a otras policías siguen aumentando, lo que demuestra que la equiparación sigue estancada y lejos de solucionarse», ha criticado.

«La situación actual no se corresponde con el nivel de exigencia que se nos impone. Se nos requiere ser la policía mejor preparada, pero se nos trata como un cuerpo de segunda. Esto es una desmantelación encubierta», han puesto de manifiesto desde Jucil.

«Las promesas del Gobierno han quedado en papel mojado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se ha sentado en ningún momento con representantes de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional para negociar una solución real y definitiva. La ausencia de diálogo y de voluntad política pone en evidencia el abandono institucional hacia quienes garantizan la seguridad en todo el territorio nacional», ha proseguido.

Además de la brecha salarial, Jucil ha lamentado «una creciente desprotección jurídica» en el ejercicio de las funciones, «la falta de respaldo institucional» ante agresiones, amenazas y campañas de desprestigio contra los agentes y el «déficit de personal, agravado por una oferta de empleo público que apenas cubre la mitad de las necesidades de reposición».

A ello se suma «la obsolescencia de infraestructuras y falta de medios materiales, lo que dificulta gravemente el cumplimiento del servicio en condiciones adecuadas». Por último, Jucil ha considerado también una «negligencia» la congelación del presupuesto destinado a la Guardia Civil por parte del Ministerio, y que ha llevado entre otras cosas a «una nefasta gestión de la caja que ha impedido el pago adelantado de dietas a los agentes comisionados».