Miriam González: «En la clase política no está claro dónde deben estar las líneas rojas»

El pasado mes de julio esta asociación presentó un código ético para el Gobierno que, similar al desarrollado por países del ámbito anglosajón —Estados Unidos, Gran Bretaña o Canadá— y numerosas grandes compañías, introduzca la autorregulación en el ejercicio del poder, desterrando algunos de sus aspectos negativos como los conflictos de intereses familiares, la proliferación de asesores, la llegada a altos cargos sin requisitos de mérito y capacidad... Un código de conducta para todas las administraciones y con órganos de control para su cumplimiento, que esta letrada presentó en Sevilla, tal como ha hecho ya en otros puntos de España.

—Los códigos éticos son moneda común en el ámbito anglosajón, ¿cree que se pueden poner en marcha en un país mediterráneo como España?

—Estos códigos ya son muy conocidos en España. Los hay en muchísimas empresas y en las cotizadas, incluso, por reglamentación. Se entiende perfectamente que quien tiene más poder debe tener más responsabilidad. Ahora mismo no hay excusa, es algo que lo tiene todo el mundo, incluso, Donald Trump y Georgia Meloni.

—No es una cuestión de ideologías.

—Es una cuestión de ganas. Hay cosas que aquí no están ocurriendo. En primer lugar que la clase política se autolimite, que eso debería haber pasado ya en la Transición, pero ha sido justo al revés, cogiendo cada vez más poder. Otras es que en España ocurra una irregularidad y los políticos logren pasar página sin que se corrijan las normas jurídicas que la han permitido. A lo que se suma que no tienes sistemas de prevención. Por ejemplo, en viajes de delegaciones ha habido gente claramente que no debería de estar viajando, independientemente de quién lo haya pagado. Habrá entonces que mirar las normas de esos viajes para que no vuelva a pasar.

—Dedica buena parte de su código a los conflictos de interés, un tema que está de actualidad política en España.

—No tenemos cubiertos los conflictos de interés aparente, como nos ha pedido la OCDE desde 1997. En el código proponemos normas que se aplican a todos los cónyuges, familiares, amigos íntimos... Esto nos falta a nivel gubernamental, de presidente y ministros. Hay que corregir esas normas.

—La idea es lograr un Gobierno ético y de ahí bajar al resto de administraciones públicas.

—La idea es tener un sistema que asegure el cumplimiento con unas normas éticas, que a nosotros nos parece lo fácil. No hace falta cambiar ochenta leyes para que a vuelta de diez años con suerte se regule. Esto se puede hacer con una norma de autorregulación como han hecho otros países. Si es bueno para los demás, por qué en el resto no se puede hacer. Se puede hacer de manera simple y, eso sí, con órganos de garantías porque si no, no funciona. Debe haber un sistema y unas normas, y ahora mismo no las tenemos.

—¿De esta autorregulación se pueden beneficiar entonces desde el Gobierno a los ayuntamientos?

—Tiene traslación a todas las administraciones. Para nosotros es fundamental empezar por los de más arriba y después ir cayendo en cascada. Presentando este código hablé con una persona que me decía que su administración era lo más, que lo tenían todo en legislación, que era mucho mejor que un código. Y resulta que esa persona es director general por un nombramiento político. Realmente necesitamos abrir este debate porque me parece que la sociedad tiene claro lo que quiere, solo que no tenemos los instrumentos para conseguirlo, que es por donde hay que empezar a mover las cosas. Creo que en la clase política no están claras dónde deben estar las líneas rojas. Debemos tener claro ese debate social para decir que hay cosas que los políticos cuentan como naturales pero no lo son.

—¿Cree que a los políticos les cuesta renunciar a sus privilegios y poder?

—El capítulo que falta en la Transición, en la Constitución, es todo el referente a garantías y controles sobre el poder. Por buenas razones en ese momento, se tomó la decisión de poner mucho poder en pocas manos para que nada descarrilase y en lugar de ir soltando lastre con los años fue al revés. Pero creo que la sociedad civil debe hacer una autorreflexión, porque no puede ser que las cosas solo te molesten cuando no las hacen los tuyos. Tienen que molestar en todos los casos.

—Usted está al frente de iniciativas para mejorar la sociedad civil. ¿La creación de una sociedad civil fuerte es un reto de la democracia española?

—Completamente. Y, ojo, hay buenas asociaciones de la sociedad civil, pero son muy pequeñas, muy fragmentada, muy especializadas, sin conexión con la calle... Mi tío que es agricultor en Olmedo y tiene setenta años lo tiene que entender. Esa es la parte más difícil, que es presentar las propuestas en términos entendibles y que haya una reacción en la calle. Además, las iniciativas están centradas en Madrid y Barcelona, cuando la sociedad civil es todo el territorio nacional.