Juzgan a Escañuela, expresidente de la Federación de Tenis, por apropiarse de dinero para viajes y salir de rey Baltasar en Sevilla

En concreto, la Sección Cuarta tiene fijadas sesiones para este mes los días 9, 10, 11, 22, 24 y 25, al objeto de celebrar este juicio. La Fiscalía acusa a Escañuela por hechos acontecidos en el seno de la Fundación del Tenis Español cuando los puestos de presidente, vicepresidente y secretario general estaban ocupados por los también patronos de la misma José Luis Escañuel, presidente de la Real Federación Española de Tenis entre 2009 y 2015; José Luis Terroba y María Aguilera, respectivamente.

La citada fundación fue creada en diciembre de 2009 con una aportación de 60.000 euros por parte de la Federación Española de Tenis. Según el Ministerio Público, aunque la Ley de Fundaciones 50/2002 determina que los cargos que ocupaban Escañuela, Terroba y Aguilera «son gratuitos, siendo cualquier remuneración contraria a la Ley, los citados encartados, «prevaliéndose de su cargo y con el fin de obtener un ilícito beneficio económico, realizaron un uso indebido del patrimonio de la fundación, así como se hicieron para sí con cantidades que en modo alguno les correspondían».

Después de que la fundación recibiese de la Federación Española de Tenis 174.395,89 euros en 2010 y 210.766,63 euros en 2012, Escañuela, según la Fiscalía, acometió diversos pagos «a costa del patrimonio de la fundación sin que conste justificación alguna y sin aprobación alguna por el patronato» de la entidad, figurando entre tales pagos 37.740 euros merced a un convenio firmado entre él y el Ateneo de Sevilla para actividades del cortejo real navideño, «ya que Escañuela había sido elegido como rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de Sevilla».

Al hilo, figuran entre otros aspectos el pago de 12.716 euros con cargo a la fundación por la adquisición de caramelos de la cabalgata de Reyes Magos; así como 9.554 euros para sufragar el desplazamiento de Escañuela y su esposa al Open de Tenis de Australia, toda vez que según la Federación Española de Tenis, «no resulta acreditado que ese viaje se realizara en la condición de presidente de la misma, siendo factible que se tratase de un viaje privado». En cualquier caso, su esposa carecía de cargo alguno en cualquiera de las entidades y «en ningún caso deberían haberse utilizado los fondos» para sufragar su viaje.

Con cargo a la fundación figura otro pago de 9.558 euros para un bufete «constituido como una sociedad limitada de la que era titular» el propio Escañuela; así como 1.830 euros para la estancia durante cuatro días en un campeonato de Roland Garros «del propietario del Gimnasio Sato de la localidad hispalense y del director de la Fundación Antares de la misma localidad, personas que nada tienen que ver» con la fundación ni la federación.

Además, «a pesar del carácter gratuito del cargo de patrono», los tres acusados «en connivencia» acordaron una «asignación mensual» para cada uno de ellos, obteniendo en total Aguilera, secretaria de la fundación, 15.950 euros; el vicepresidente Terroba 3.382,10 euros y el presidente Escañuela 8.317,84 euros.

Además, la Fiscalía señala 125.711,69 euros transferidos desde la Real Federación Española de Tenis a la fundación, fruto de un reintegro por parte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, «sin que los acusados, a la vista de los cargos que ostentaban en la fundación, hayan podido justificar el destino final del traspaso de estos fondos».

Ante estos hechos, la Fiscalía detecta un delito de administración desleal en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social y otro delito de apropiación indebida, reclamando para Escañuela cinco años de prisión, ocho años de inhabilitación especial para cargos en fundaciones o entidades similares y una multa de 3.000 euros; y para Terroba y Aguilera cuatro años de prisión, siete de inhabilitación especial y 2.700 euros de multa en ambos casos.

Además, reclama que Escañuela restituya 90.103 euros a la fundación, que Terroba devuelva 33.382,10 euros y que la restante acusada reintegre a la entidad 15.950 euros, así como que todos ellos repongan solidariamente 13.683,37 euros por «el indebido abono de la cuota patronal a la Seguridad Social (por sus emolumentos) y 125.711,69 euros por las cantidades devueltas por la Universidad Pablo Olavide y cuyo destino se desconoce».