La Junta de Andalucía suspende el recurso que bloquea el barrio del Pítamo de casi 10.000 viviendas

En aquella sesión del Pleno del 21 de abril se aprobó definitivamente el Plan Parcial de Ordenación del Sector SUS-DBP-06 'Villanueva del Pítamo', que era el paso definitivo para empezar a diseñar el nuevo distrito urbano situado en Bellavista, a la espalda de los Jardines de Hércules. Su perímetro se extiende en paralelo al club Pineda desde la mencionada urbanización hasta el cuartel de la Guardia Civil de Montequinto y la ciudad deportiva del Sevilla FC, definiendo así la frontera entre el término municipal de la capital y el de Dos Hermanas.

El trámite quedó terminado tras un larguísimo camino de ocho años, pero la administración andaluza, que es parte interesada al ser propietaria de 31.761 metros cuadrados (un 23,87% de la superficie total), detectó varios vicios de nulidad que generan inseguridad jurídica tanto a los dueños de los terrenos como a los posibles inversores y tras varias advertencias, decidió actuar en consecuencia. El más grave fue la falta de una evaluación ambiental que es lo que va a realizar ahora la Gerencia de Urbanismo. Pero mientras se supera ese paso, se va a seguir trabajando en la reparcelación, las obras externas, la negociación con las empresas suministradoras para la construcción de subestaciones eléctricas, la conexión a grandes infraestructuras de saneamiento y todas las tareas previas que son fundamentales antes de que entren las excavadoras en el terreno. Así lo confirman a ABC fuentes municipales.

Para que todo esto sea posible «se ha llegado a un acuerdo con la junta de compensación –en la que está el propio gobierno andaluz, además de la Sared, una filial del banco Santander y el Ayuntamiento– para llevar a cabo una revisión del plan parcial y hacer el informe ambiental, esquivando así la parálisis absoluta», señalan las fuentes consultadas. Eso es lo que podría ocurrir si se deja actuar a la justicia sin mover un dedo. La otra opción era empezar a trabajar para rectificar lo que se ha hecho mal a la par que se avanza. «Si los plazos administrativos se cumplen, no se perdería ningún tiempo en esta revisión porque todo ese trabajo de reparcelación conlleva entre uno y dos años. Ese es el tiempo que manejamos para subsanar los errores», indican, pero para eso ha habido que acordar con el Gobierno andaluz dejar el recurso en suspenso.

El Ayuntamiento defiende que la intención siempre ha sido que «no haya una parálisis total» por eso se ha alcanzado un preacuerdo, condicionado a que se apruebe la evaluación ambiental. Para ello «se está generando el suficiente clima de confianza para poder avanzar en la construcción de este nuevo barrio que dispone de una superficie de 200 hectáreas, que se traduce en 9.730 viviendas. Esta zona podría acoger un crecimiento poblacional y demográfico cuantificable en unas 30.000 personas, según la estimación del anterior equipo de gobierno.

Además de subsanar los defectos, se van a introducir cambios como un aumento de la dotación de VPO para ajustarlo a la nueva ley. Por tanto, el volumen pasa del 30% al 40%. También se va a 'repintar' el trazado ferroviario del tren de mercancías del Puerto que pasa por esta parte de la ciudad. El proyecto, que está actualmente en ejecución, no coincide con el recogido en el plan parcial y se va ajustar a la realidad.

Otra de las cuestiones que está pendiente de corrección es la ausencia de un plan de gestión de las vías pecuarias que afectan a la zona y que se va a redactar para no dejar ningún cabo suelto. La Junta de Andalucía ya avisa en el recurso que presentó ante un juzgado de lo Contencioso Administrativo que seguir adelante con el planeamiento de la forma en la que estaba aprobado genera «una situación de inseguridad jurídica» y dadas las «inversiones millonarias que la Dirección General de Patrimonio debe realizar como propietaria de los suelos» es necesario subsanar esos errores. Para sostener tal afirmación, la administración señala que sólo los gastos de gestión y ejecución del planeamiento a que están obligados los propietarios de los terrenos, una vez aprobado el plan parcial, ascienden a unos 240 millones de euros, de los que a la Junta corresponderían alrededor de 57 millones.

La cifra es lo suficientemente importante como para que la existencia de un defecto de nulidad permita a un tercero impugnar el acuerdo, lo que daría al traste con las inversiones realizadas hasta el momento y retrasaría la urbanización de este nuevo distrito en el que están puestas todas las esperanzas para el crecimiento de la ciudad.

El diseño urbanístico y arquitectónico esbozado para estos terrenos y de los que el anterior equipo de gobierno hizo bandera, plantea una zona residencial de baja densidad, que responde a los modelos y valores de 'smartcity', en la que prevalezca la movilidad sostenible, el uso de fuentes de energía renovable y la preservación del medio ambiente. Por tanto, el proyecto de urbanización incluye carriles bici, carriles bus, y la incorporación del ferrocarril de Cercanías con una ampliación del trazado desde la estación de los Jardines de Hércules, que es la última construida hasta conectar con Montequinto y ahí con un intercambiador con la parada de la línea 1 del metro.

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El tren iría en superficie en esta parte. Al menos así está dibujado en el plan parcial y en las infografías que se han mostrado del proyecto. Para sortear este obstáculo se han previsto pasarelas y pasos subterráneos que conecten la urbanización.