Las irregularidades en las oposiciones a la Policía Local de Sevilla quedarán impunes

Los tribunales de la rama Contenciosa han dictaminado por dos veces que no fueron unas pruebas limpias y que hubo aspirantes que se beneficiaron de la filtración del caso práctico. Pero la difícil ejecución de la sentencia amenaza con no llevar a la práctica el fallo judicial, que ordena la repetición de parte del proceso selectivo. De no materializarse esa repetición, no se habrá hecho justicia en el sentido más puro de la expresión y aquellos que hicieron trampas no sufrirán ningún tipo de consecuencias.

A finales de enero, el Tribunal Supremo le echaba el cierre definitivo a este caso once años después. No admitía los recursos del Ayuntamiento y de un grupo de opositores contrarios a la decisión del TSJA que ordena retrotraer el proceso selectivo al momento de la prueba práctica. Va a pasar casi un mes y nada ha cambiado. Los funcionarios policiales que accedieron a un puesto en esas oposiciones no han sido expulsados del cuerpo ni el Ayuntamiento ha decidido acatar el fallo judicial y reiniciar los trámites para volver a convocar unos exámenes que se celebraron hace más de una década.

Este periódico ha preguntado varias veces al Consistorio qué medidas va a acordar tras pronunciarse la Justicia de manera definitiva y en todas las ocasiones la respuesta ha sido la misma: «Los servicios jurídicos están analizando el asunto y quieren ser prudentes». ABC ha sabido por fuentes próximas al caso que encima de la mesa se está estudiando apelar a la imposibilidad de ejecutar la sentencia como vía de escape sin tener que cambiar nada. Hay precedentes en este sentido que invitan al Consistorio a tomar esta decisión.

En 2016, el Ayuntamiento de Málaga indemnizaba con 28.000 euros a cada uno de los aspirantes que denunciaron irregularidades en unas pruebas para ingresar en la Policía Local y que habían sido convocadas en 2002, catorce años antes. También en vía Contencioso, la Justicia concluyó que se debía repetir parte del proceso porque se produjo una filtración en la tercera prueba que benefició a un grupo de opositores que se habían preparado en una academia concreta que tenía, además, un convenio de colaboración con un sindicato policial.

Si bien, en este asunto, el TSJA admitía que obligar a repetir las oposiciones provocaría «un sacrificio desproporcionado» para el Consistorio que tendría que haber expulsado a un tercio de la plantilla que estaba en ese momento en servicio. En 2014 el alto tribunal andaluz admitía que no era posible ejecutar la sentencia.

En el caso de Sevilla, de volverse a repetir el examen práctico y las siguientes pruebas que completaban las oposiciones, el Ayuntamiento tendría que volver a convocar a 232 personas, muchos de ellos antiguos opositores que ya tienen una plaza en propiedad. Ese dato se ha extraído de la resolución que se publicó en su día con las notas que sacaron los opositores en el examen práctico y que originó las sospechas de varios aspirantes que acabaron llevando el asunto a los tribunales.

El Ayuntamiento ya apeló sin éxito ante el TS que la repetición de las pruebas iba a lesionar los derechos de aquellos aspirantes que no fueron acusados en el procedimiento penal y sobre los que se presupone que actuaron de buena fe. Hay que recordar que las irregularidades en las oposiciones se trasladaron también a la vía penal, pero aquí un juez absolvió a los procesados porque a pesar de reconocer que había sospechas de que algunos de ellos pudieron copiar, no se pudo demostrar quién fue el autor de la filtración. Esa sentencia absolutoria fue también argumento de base para la posición del Consistorio a lo largo del proceso Contencioso que se reactivó tras cerrarse el proceso penal. Pero tanto la juez de primera instancia como el TSJA respondieron que en la rama contenciosa no se dilucidan responsabilidades en la comisión de un delito; se analiza si un proceso administrativo público es justo o no.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico subrayan, además, que la ejecución de la sentencia conllevaría la expulsión de los funcionarios que ganaron esa plaza en ese proceso. En concreto, se convocaron 56 plazas de una plantilla que actualmente supera el millar de funcionarios públicos. Pero además, se pondría en cuestión los actos ejecutados por esos funcionarios durante su ejercicio como autoridad; lo que podría acarrear una lluvia de reclamaciones y demandas de vecinos.

Por último, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el opositor que recurrió a los tribunales contenciosos? Ha pasado más de una década de las oposiciones y esta persona acabó sacando su plaza como funcionario policial en Cádiz donde lleva tiempo afincado. En el seno de la plantilla de Sevilla están convencidos de que el escándalo que sacó los colores a la Policía Local de Sevilla, que cuestionó la forma de acceder a un empleo público y que señaló a un grupo de opositores con lazos personales en el cuerpo como grandes beneficiados de la filtración, terminará liquidándose con el pago de una indemnización.