Una Comisión del Consejo de Europa debate en Sevilla el costo económico de la reconstrucción de Ucrania

Gutiérrez Limones dice que «en lo que todos estamos de acuerdo es en que habrá que juzgar a Putin por de lesa humanidad y por eso, tras expulsar a Rusia del Consejo de Europa cuando inició la invasión de Ucrania, trabajamos con tres escenarios: que lo juzgue el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que lo juzgue un tribunal mixto que incluya a jueces ucranianos, o que lo juzgue un tribunal nuevo, creado ad hoc para este caso«.

Gutiérrez Limones destaca también la necesidad de que Europa ocupe espacios geopolíticos de cooperación en valores y derechos humanos para que puedan también evitarse nuevas guerras como la de Ucrania. «Si no los ocupamos nosotros, los ocuparán otros y uno de ellos será sin duda América Latina. «No hay ninguna otra región en el mundo más compatible con los valores que representamos. Aunque en esa región haya países con democracias más avanzadas que otras como sucede con algunos países miembros del propio Consejo de Europa, debemos tratar de proteger los espacios en los que se respetan esos derechos y valores«.

A esta reunión ha asistido la ministra de Justicia de España, Pilar Llop, que ha adelantado las prioridades de su ministerio para la presidencia española de turno de la UE, entre las que ha destacado «el fortalecimiento de las relaciones con América Latina, la región más eurocompatible del planeta«. La propia ciudad de Sevilla, sede del Archivo de Indias y cuya plaza de España «simboliza el abrazo de nuestro pueblo a América«, ha remarcado, es buena muestra de esa proximidad.

La ministra de Justicia ha expuesto a los parlamentarios algunas de las iniciativas que impulsa su departamento para seguir avanzando en la conquista de derechos y libertades en España. Tras reiterar que España es «un país con absoluto respeto a los derechos humanos« y mencionar que fue el español Bartolomé de las Casas quien acuñó por primera vez el término derechos humanos, convirtiéndose en su precursor, la ministra ha destacado el carácter solidario de la democracia española. Como muestra de ello ha recordado la aportación de 540.000 euros a la Corte Penal Internacional en 2022 o los 77.000 euros destinados al Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas, así como la acogida de 175.000 personas procedentes de Ucrania, quienes tienen derecho a recibir asistencia sanitaria gratuita. Entre ellas se cuentan más de 57.000 son menores, de los que casi 40.000 están ya escolarizados en España.

La titular de Justicia ha resaltado además el compromiso de nuestro país con Europa, «convencidos de que la solidaridad y la acción conjunta nos hacen más fuertes«. En esta línea, ha hecho referencia al impulso que España quiere dar a la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al Convenio de Estambul; así como a la de nuestro país al Convenio de Nicosia, sobre delitos relativos a los bienes culturales. 

La ministra también ha expuesto algunas de las iniciativas que impulsa su departamento para seguir avanzando en la conquista de derechos y libertades en España, como las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital del Servicio Público de Justicia; el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos; la prueba anticipada de víctimas menores de 14 años y otras reformas del procedimiento penal para la mejor protección de los menores de edad víctimas de violencias; el establecimiento de medidas cautelares en delitos cometidos a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación y refuerzo de la protección de la intimidad de la víctima de delitos contra la libertad sexual; el sistema de becas para democratizar el acceso a las carreras judicial y fiscal, Letrados/as de la Administración de Justicia y Abogacía del Estado; o el anteproyecto de ley orgánica que reforzará la cooperación judicial internacional y la investigación penal.

Asimismo, se ha congratulado de que el Ministerio de Justicia forme parte del Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública (Convenio Medicrime) y del Proyecto Barnahus, con objeto de implantar un modelo europeo de respuesta multidisciplinar e interinstitucional para garantizar que todos los niños y niñas víctimas de la violencia, incluida la explotación y el abuso sexual infantil, se beneficien de un acceso a la justicia amigable.

Finalmente, tras recordar que «la democracia siempre prevalece y se construye día a día«, Llop ha instado al Consejo de Europa a actualizar el marco de derechos humanos para seguir avanzando y abordar nuevos retos como los derivados del cambio climático; los extremismos emergentes, que desestabilizan las democracias; o la inteligencia artificial.

La Comisión de Asuntos Políticos y Democracia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) se ha reunido por por primera vez en Sevilla, a invitación de las Cortes Generales. El Consejo de Europa tiene entre sus prioridades estratégicas la cooperación con Estados y Organizaciones con vecindad geográfica o de valores compartidos.

Gutiérrez Limones es el impulsor de esta inicativa con un informe titulado «Reforzar las Relaciones entre el Consejo de Europa y Latinoamérica». El próximo martes se celebrará en una cumbre de de Jefes del Estado del Consejo de Europa en Reikiviavic. Son 46 países los que forman este Consejo.