Mercasevilla, al borde de la quiebra por los 8,9 millones que le reclama Sando

Los hechos se remontan a 2005, cuando Sanma, una filial de Sando, compró a la sociedad Larena 98 los derechos de superficie de una parcela de Mercasevilla para construir naves y oficinas. El dueño de Larena98, Antonio Pardal , ya había denunciado ante los tribunales a Mercasevilla por problemas de acometida eléctrica en esa parcela. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Sevilla subrayó que Sando, a pesar de que conocía la falta de suministro eléctrico en esos suelos, solicitó licencias para la construcción de un edificio comercial y catorce naves industriales en ese parcela, invirtiendo 8,9 millones de euros. Como los problemas persistieron, la filial Sanma –empresa que después se transformó en Sando– desistió de continuar con la construcción de esas naves y oficinas.

La sentencia condenó a Mercasevilla a indemnizar al grupo Sando con casi 7 millones de euros porque le adjudicó el derecho de superficie para ejecutar naves y oficinas en unos suelos sin acometida eléctrica. Al mismo tiempo, la sentencia condenó a Sando a abonar a Mercasevilla el canon anual que se había comprometido a pagar, unos dos millones de euros. Mercasevilla recurrió esa sentencia. A la espera de que la Audiencia se pronuncie, Sando acaba de pedir en el juzgado de Primera Instancia 3 de Sevilla que se ejecute la sentencia y que Mercasevilla le pague 8,9 millones, a lo que se ha opuesto Mercasevilla.

Esa parcela formaba parte de los terrenos de Mercasevilla, que salieron a concurso porque el gobierno del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín preveía su traslado a Majaravique. Los suelos fueron adjudicados en 2006 a Sando por 58 millones menos que lo que ofertó Noga. Esa venta fue investigada por la jueza Alaya, que ha abierto juicio oral por los hechos tras cinco años de instrucción. Alaya acusa a diez personas –entre ellas directivos de Sando– de amañar un concurso público para favorecer a Sanma, considerando que los hechos suponen la comisión de los delitos de fraude, exacciones ilegales, prevaricación y delito societario, entre otros.

Aunque la sentencia que condenó a Mercasevilla a indemnizar a Sando se dictó en 2014, la constructora no ha pedido su ejecución hasta 2015, coincidiendo con la petición de Alaya de una fianza solidaria de 33 millones a diez acusados –entre ellos Antonio Rodrigo Torrijos y el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño – en la venta de los suelos de la lonja. Entre los acusados está el presidente del grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano; y el exvicepresidente del área inmobiliaria de la compañía, José Luis Miró.