La Guardia Civil señala a Sánchez Teruel, barón de Susana Díaz, en el caso marismas

En una ampliación de su atestado a la que ha tenido acceso ABC los agentes señalan directamente al diputado socialista Sánchez Teruel, uno de los barones de Susana Díaz en el Parlamento, que fue elegido incluso como miembro de la Diputación Permanente tras la disolución de la cámara para las elecciones autonómicas, por lo que ha permanecido aforado gracias a la decisión de la presidenta.

Para llegar hasta el socialista almeriense, la Guardia Civil ha llevado a cabo una minuciosa investigación de las grabaciones obtenidas por los regantes durante los últimos años de la obra, cuando ya se habían detectado las irregularidades. Como ya adelantó este periódico, en esas conversaciones se acredita que la Junta de Andalucía presionó para amañar el concurso que adjudicó el proyecto a la empresa Befesa y luego realizó presiones para que las certificaciones se inflaran con el objeto de que no se perdieran los fondos europeos. En el nuevo atestado policial se deja constancia de ambas circunstancias en repetidas ocasiones. Y varios testigos lo certifican. Uno de ellos, el primer gerente de la UTE que realizó las obras, asegura que se pagaron casi nueve millones de euros en una primera certificación sin que se hubiera puesto un solo ladrillo. Es más, asegura que «cuando comienza la obra, en el año 2006, hay solamente un equipo que coloca tuberías». Y añade que se realizó una operación para «enmascarar» tres millones de euros en una certificación, metiendo 1,5 como acopio de materiales y el resto como avales, por orden de Sánchez Teruel. Concretamente, los agentes le preguntan quién le obligó a «hacer esa irregularidad» y el testigo acusa sin vacilar al socialista subrayando, además, que consideró aquella orden «una coacción o amenaza».

Por todo ello, la Guardia Civil sostiene que «tras más de un año de investigación y a la vista de lo actuado, estamos ante un grupo organizado para delinquir, por lo que consideramos la presunta pertenencia a grupo criminal». Los agentes creen que los implicados de la Junta de Andalucía y de Befesa «tenían unos objetivos comunes entre todos, que es la obtención de un lucro ilícito por parte de un tercero, siendo evidente la división de funciones por su estructura, organizada y jerarquizada». La Guardia Civil entiende que los tres directores de Regadíos que supervisaron la obra —Francisco Ruiz Orta, Tomás Martínez y Sánchez Teruel—, así como dos funcionarios y los dos máximos responsables de Befesa en aquella época junto con los miembros de la UTE que hizo el proyecto, se pusieron de acuerdo para utilizar «brazos ejecutores de las irregularidades descritas» con el supuesto objetivo de defraudar.