Sesenta familias de Santa Justa cargan contra la Junta por no evitar su desahucio

Es el caso de 60 familias de la calle Argantonio , en la zona de Santa Justa , a las que ya se les ha notificado el desahucio previsto para finales de septiembre. Han acudido a través del despacho de a la delegación provincial de Vivienda de la Junta para solicitar a la delegada Granada Santos , de IU, que haga de mediadora ante la promotora. Y la respuesta ha sido el desprecio .

Lo peor de todo es que las viviendas afectadas se construyeron en suelo público y bajo un régimen de protección social . Concretamente se trata de una parcela que la Gerencia de Urbanismo cedió en 2001, siendo alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín , a una promotora privada para que construyera viviendas a precios asequibles, con un marcado carácter social. Los requisitos eran que esta promotora tenía que ofrecer los pisos en régimen de alquiler durante diez años con derecho a compra cuando se cumpliera este plazo y descontando las rentas ya pagadas.

Cada vecino ha abonado de media durante esta década 50.000 euros y el precio de cada piso es de 150.000. El plazo cumplió hace unos meses, pero ninguno ha conseguido hipotecas en los bancos para pagar los cien mil restantes, de manera que la promotora ha iniciado el proceso de desahucio . Todos han pagado el alquiler sin faltar un solo mes, pero la mayoría está en paro y las entidades financieras no le aprueban la operación.

Ante esta situación, 17 de los afectados pidieron asesoría a Sanguino, que decidió acudir a la Consejería de Vivienda ante las medidas que ésta decía que estaba tomando contra los desahucios para solicitarle algún tipo de ayuda. La última comunicación se produjo el pasado 11 de julio a través de un correo electrónico que no ha tenido respuesta. «Nos dijeron que le mandáramos datos de la situación y a partir de ahí no han parado de darnos largas », explican. Sanguino asegura además que «han dejado de ponerse al teléfono». El abogado aclara que jurídicamente la promotora tiene razón, pero « la Junta está haciendo una campaña para buscar soluciones políticas estos casos » y por eso hemos acudido a la Delegación de Vivienda.

La carta enviada a la delegada es, en este sentido, muy clara: «Por medio del presente le doy traslado de una serie de hechos que, debido a su trascendencia y repercusión social, estamos sumamente interesados en que de ello tenga expresa constancia doña Granada Santos así como, en caso de estimarlo conveniente, de igual forma sea conocido por otras personas de su confianza que pudieran ayudarnos en todo cuanto ahora les explico».

A continuación, se detalla que se trata de «una actuación del Ayuntamiento de Sevilla por la que licitaba la cesión de una parcela, propiedad de la G.M.U., para que el adjudicatario promoviese la construcción de unas viviendas con un claro fin social. La promotora finalmente adjudicataria suscribió, con cada uno de los vecinos, un contrato de arrendamiento con opción a compra . Todos los firmantes de dichos contratos cumplían el perfil económico o de bajos ingresos exigido por los pliegos de la G.M.U. para acceder a dichas viviendas». Diez años después, ninguno ha obtenido el préstamo hipotecario y la promotora no accede a renegociar la situación. Un caso que recoge todo lo que La Corrala reivindicaba con pancartas en el edificio ocupado de San Lázaro y que, sin embargo, no ha importado nada a quienes han dado incluso homenajes a aquellos okupas «por su gran logro social».