El dueño de la fábrica de harinas Dasy, imputado por un delito contra la salud pública

La titular del Juzgado de Osuna decretó para Gimeno la libertad provisional «sin perjuicio de que más adelante, como consecuencia de la instrucción, proceda valorar una medida más restrictiva consistente en la salida del territorio nacional sin previa autorización judicial y retirada de su pasaporte». Según la magistrada, se ha podido constatar en las intervenciones telefónicas y el resto de diligencias que el imputado pasa período fuera del territorio español y en concreto del espacio Schengen, «resultando un riesgo que, a la vista de la gravedad de los hechos, y de las consecuencias económicas para sus negocios en España y extranjero, decida colocarse en una situación inalcanzable para la Justicia Española, ante la inexistencia de convenios internacionales con España de algunos de los países que frecuenta en el desarrollo de su actividad empresarial, impidiendo así la actuación de la Justicia».

Además, subraya que en los pinchazos telefónicos se detecta una conversación entre el directivo de Dasy M. M. B y el dueño de la fábrica de harinas, en la que «tras hablar sobre la entrada y registrado en Dasy efectuada por la Guardia Civil, Gimeno comenta que «al final se tendrá que ir a Venezuela».

Ello, unido al hecho de que Gimeno se acogió a su derecho a no declarar, «pone de manifiesto –dice– una actitud no colaboradora con la investigación que se está siguiendo, y a la vista de la magnitud de los hechos instruidos y la gravedad de la imputación, ha de valorarse un posible riesgo de eludir la necesaria sujeción al procedimiento, poniéndose fuera de la disposición de la Justicia».

La juez dePrimera Instancia e Instrucción 1 de Osuna dice en el auto que de las investigaciones realizadas hasta ahora se puede concluir que en la planta C3 de Dasy en Osuna (autorizada para hacer harinas y grasas para piensos de animales de abasto y compañía) se habrían usado cadáveres de animales enfermos o no aptos. Asimismo, se constata –según la juez– envíos desde la planta C1 de Dasy (autorizada para hacer harinas con animales enfermos y no aptos para ser incinerada) a destinos distintos de la eliminación.

«Para ello, se estarían falseando documentos acreditativos de pesajes en báscula y documentos informáticos justificativos de procesos de transformación no realizados, pudiéndose haber falseado el proceso de obtención de proteína de cerdo hidrolizada, constando así como exportaciones de mercancías que parten de esta empresa», señala el auto.

El Juzgado de Osuna va más allá al decir sobre Gimeno, presidente de Dasy y del grupo Proteínas y Grasas Gimeno (PGG), que –según las diligencias practicas por la Unidad Central Operativa del Seprona de la Guardia Civil y los pinchazos telefónicos– que es «sabedor de todo lo que ocurre en la actividad empresarial, da instrucciones», siendo el administrador único de Proteínas y Grasas Gimeno S.L., que figura como administradora única de todas las empresas del grupo PGG.

A juicio de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Osuna, existen indicios de posición predominante de Dasy en el mercado, subrayando que aunque ha dejado en el mercado a Render Grasas «de forma material se vincula a la propia actividad de aquella como instrumento de distribución ilícita e introducción en la cadena alimentaria de subproductos destinados directamente a su destrucción por su nocividad».

Hasta ahora ha habido mas de 44 detenidos y casi una veintena de imputados, entre ellos el dueño de Dasy, directivos y trabajadores de PGG, propietarios y empleados de otras empresas de transformación cárnicas, compañías de transporte de Subproductos Animales no Destinados a Consumo Humano (Sandach), mataderos, plantas de transferencia de esos productos, laboratorios... La Guardia Civil ha realizado además más de seis registros en empresas implicadas y en el despacho del jefe de Sanidad Animal de la Junta en Sevilla, Luis Vázquez Muñoz, incautando ordenadores y otro material. En el Juzgado de Osuna se han personado Ecologistas en Acción como acusación particular, así como empresas afectadas. La Junta de Andalucía ha solicitado también su personación pero la juez de Osuna no se ha pronunciado aún.