Varios de los okupas de la Corrala impiden que el Ayuntamiento actualice sus expedientes

El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a nueve familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes ocho personas o familias del colectivo. Estos ocho realojos, no obstante, fueron paralizados a cuenta del conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución al asunto.

Al objeto de solucionar el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda ha remitido al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debe determinar su derecho o no a estos realojos provisionales. Cabe recordar, al respecto, que los servicios sociales del Ayuntamiento, merced a la oferta de 'Ibercaja' para reconducir a su programa social de vivienda a las familias que acreditasen un verdadero estado de necesidad de vivienda, ya elaboraron en su momento «notas informativas de necesidad de vivienda» en el caso de 25 familias de este colectivo, aunque siempre a los efectos de que 'Ibercaja', como entidad privada, les diese acceso o no a su programa de ayudas.

Fruto de aquellas notas informativas, según el Ayuntamiento, en el baremo social del Consistorio sólo figuraban dos de las familias que forman parte del colectivo, concretamente en los puestos número cien y 122 de un listado de 388 personas o familias, si bien el colectivo niega este extremo y defiende que numerosos informes de los servicios sociales prueban que todas las personas se encuentran en riesgo de exclusión social.

A partir de ahí, después de que una de las mujeres del colectivo asegurase que estas personas estaban colaborando plenamente con los servicios sociales del Ayuntamiento de cara a esas evaluaciones, pues previamente el alcalde, Juan Ignacio Zoido, manifestaba que ninguna de estas personas había acudido a los recursos sociales , la concejal delegada de Asuntos Sociales, Familia y Zonas de Especial Actuación ha profundizado en las incidencias que rodean a estas evaluaciones técnicas.

Dolores de Pablo-Blanco ha recordado que el propio alcalde reclamó que estas 17 personas o unidades familiares acudiesen «voluntariamente» a los recursos sociales municipales para estas evaluaciones, porque a día de hoy, estas personas «están llegando», pero «no todas han venido». En paralelo, ha advertido de que «algunas» de estas personas no estarían «colaborando» con los trabajadores sociales del Ayuntamiento, pues «impiden las visitas domiciliarias o no quieren presentar la documentación» que se les requiere. «Algunas personas están poniendo restricciones o limitaciones a los profesionales de los recursos sociales. No quieren decir dónde viven y así impiden las visitas domiciliarias o no entregan la documentación», ha explicado la concejal, quien avisa de que los servicios sociales municipales recibieron instrucciones para acometer «con urgencia» la evaluación social de estas personas, contando incluso con preferencia sobre «los demás usuarios» de los servicios sociales locales.

Así, la concejal ha señalado estas supuestas obstrucciones por parte del colectivo de familias y, tras defender que no puede «anticipar el resultado» de estas evaluaciones sociales, ha recordado a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que después de entregar a estas personas viviendas públicas de manera directa, no puede esperar que «a posteriori» el Ayuntamiento «solemnice» sencillamente esta actuación, lo que le ha llevado una vez más a invocar el respecto a los procedimientos reglados y a las leyes.