El puerto de Sevilla abre un concurso para explotar los astilleros
La Autoridad Portuaria pide llegar a los siete millones de negocio en tres años
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La Autoridad Portuaria de Sevilla ha abierto el concurso para la selección de ofertas para otorgar la concesión administrativa para habilitar las instalaciones de dique seco y varadero del puerto de Sevilla , así como su explotación para la ... prestación de servicios de astillero de reparación, certificación de buques y actividades complementarias.
Según el pliego de condiciones al que tuvo acceso Europa Press, el terreno a explotar ocupa una superficie total de 12.000 metros cuadrados , incluyendo las instalaciones de varadero y dique seco del puerto hispalense, y se apunta a una concesión por un plazo máximo de 20 años, con posibilidad de dos prórrogas de cinco años .
Este contrato administrativo especial, abierto y de tramitación ordinaria, cuenta con un plazo de presentación de ofertas que finaliza el día 28 de noviembre . En este marco, se establece que las propuestas deben incluir un volumen de negocio mínimo de siete millones en sus tres primeros años de vida, de nueve millones del cuarto al sexto año y de once millones del séptimo al vigésimo, siendo excluidas aquellas empresas que no alcancen estas previsiones.
Explotación de los servicios de astilleros de reparación y certificación de buquesEl documento que marca las características del proyecto apunta a la «preferente» implantación y explotación de los servicios de astilleros de reparación y certificación de buques , recogiendo como posibles actividades complementarias la nueva construcción o modificado de embarcaciones y elementos flotantes, de bloques navales o estructuras metálicas, así como el desguace y achatarramiento de cualquiera de los elementos anteriores. Sin embargo, advierte de que serán excluidas aquellas ofertas que no contemplen el desarrollo de la «actividad preferente» o no propongan el desarrollo completo del ámbito concesional .
De este modo, se indica que el inicio de la explotación deberá producirse en un máximo de 18 meses y la inversión en el dique seco finalizarse en 24 meses. Las instalaciones del varadero deberán estar operativas y disponibles en un máximo de cinco años desde el inicio de la explotación. De este modo, cabe recordar que este concurso se lleva a cabo después de que la Autoridad Portuaria concluyera a finales de julio que las dos ofertas para la explotación de astilleros presentadas en el proceso abierto en mayo cumplían los requisitos pertinentes, como son la presentada inicialmente por Sevilla Shipyard para la reparación naval -que provocó la apertura de este procedimiento- y la de la sociedad « Astillero del Guadalquivir ».
Así, cabe recordar que Sevilla Shipyard presentó una oferta al Puerto para la explotación del terreno público , lo que provocó que tuviera que abrirse un proceso para analizar si había más ofertas en la misma línea, un proceso que se desarrolló a partir de mayo y al que se presentó también la sociedad «Astillero del Guadalquivir 175.
Las dos propuestas
Sevilla Shipyard solicitaba al Puerto una concesión administrativa para la reparación naval en una parcela de unos 11.000 metros cuadrados, así como las instalaciones ubicadas en el dique seco del Puerto y un área de edificio contiguo. A este respecto el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández , manifestaba a Europa Press que la citada oferta gozaba de «viabilidad técnica y financiera» e implicaría un volumen de producción «quizá menor» respecto a la anterior etapa del astillero.
Este proyecto, nacido de la mano de Luis Ramón de Celis , proyecta la creación de un negocio de reparación de naves que comenzaría con una inversión inicial de un millón de euros para generar unos 100 puestos de trabajo directos y hasta 700 indirectos. Más tarde, a principios de junio, llegaba la oferta de la sociedad «Astillero del Guadalquivir», una empresa andaluza, que había hecho lo propio dentro del trámite de competencia de proyectos habilitado por la Autoridad Portuaria al ser formalizada una primera propuesta. Fernández explicaba así que era necesario « estudiar su viabilidad económica y financiera y su solvencia».
Si la Autoridad Portuaria da su visto bueno a las condiciones de la solicitud y «se estima que hay una concurrencia de competencia» entre las dos solicitudes, según Manuel Fernández, la Autoridad Portuaria se vería obligada a c onvocar un concurso público para adjudicar la explotación de las instalaciones.
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