Posible desalojo «forzoso» del bloque ocupado en San Lázaro

Irma Blanco, una de las portavoces del colectivo de familias y quien este mismo martes ha prestado declaración ante el juzgado, ha manifestado a Europa Press que si bien el juzgado ha solicitado que estas familias desalojen "voluntariamente" las viviendas, no median "plazos" y sigue pendiente la negociación abierta con la propiedad. Este martes, en concreto, han prestado declaración once miembros del colectivo de familias.

A todos ellos se les atribuye un presunto delito de usurpación y todos han sido asistidos por los abogados del grupo '17 de marzo', involucrados en la defensa de los derechos humanos. El movimiento social 15M, además, promovía una concentración en el Prado de San Sebastián para respaldar a los imputados. Irma Blanco, de cualquier modo, ha explicado que los comparecientes han defendido ante el juzgado que ocuparon las viviendas a cuenta de su situación socioeconómica, toda vez que el juzgado les solicita que desalojen "voluntariamente" los inmuebles.

Blanco ha reconocido que el juzgado ha avisado a los comparecientes de un posible desalojo "forzoso" si persisten en la ocupación de las viviendas, pero ha recordado que el juzgado tiene que tomar aún declaración al resto de personas del colectivo los días 21, 22, 28 y 29 de mayo y sigue en pié la negociación abierta con la propiedad de las viviendas y las administraciones públicas.

Y es que las familias esperan una nueva reunión de la mesa de negociación conjunta formada por las administraciones autonómica y local, la propiedad de las viviendas; en este caso la sociedad limitada 'residencial Murillo', participada por Ibercaja, y en calidad de mediador José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz.

En el marco de esta negociación, según el colectivo de familias, mediaría ya una propuesta para avanzar en el conflicto con alquileres sociales de un periodo prorrogable de un año. El 17 de mayo, de cualquier forma, este colectivo de familias conocido como la 'Corrala Utopía' cumplirá un año en estas viviendas.

La propiedad de los inmuebles, de su lado, propone la ubicación de las familias en viviendas sociales y ofrece para ello el programa de 'Llaves solidarias' de su obra social, que presta apoyo económico durante los primeros meses de alquiler a las familias que los servicios sociales indiquen que tienen necesidad de tal respaldo.