La Alberca
La operación de Espadas
El desembarco de la UCO en Emvisesa es preocupante porque este organismo sólo practica la caza mayor
No huele bien el desembarco de la Guardia Civil en Emvisesa. Juan Espadas salió del Ayuntamiento de Sevilla precipitadamente, se arrojó de manera indeliberada al sanchismo y estropeó la buena imagen que había generado como alcalde entre los sevillanos. Sin embargo, las pesquisas que lleva ... a cabo la UCO estos días pueden desmontar esa etapa supuestamente inmaculada de su carrera política. Es imposible a estas alturas de la investigación determinar qué implicación tuvo el gobierno municipal en la cesión del suelo del Higuerón a la mujer de un conocido cargo socialista, exconcejal del Ayuntamiento, exgerente de Lipasam y, hasta hace apenas unos días, director de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía. El caso está bajo secreto de sumario como pieza separada de otro de mayor envergadura y no conviene precipitarse con las valoraciones hasta tener información más detallada. Pero parece evidente que una operación de la UCO, que es el cuerpo especializado de la Guardia Civil en la lucha contra la corrupción a nivel nacional, no se lleva a cabo si no hay indicios fundados de alguna irregularidad grave. La juez número 10 libró oficio a los agentes para requisar el expediente de una parcela cuya explotación se concedió por 40 años a la esposa de Rafael Pineda, destacado socialista del círculo del actual vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Esa cesión de suelo se aprobó durante el gobierno municipal de Espadas y, a la llegada de José Luis Sanz a la Plaza de San Francisco, Emvisesa decidió sacarla a la venta porque consideró que la operación previa era perjudicial para el Ayuntamiento. Tasó el solar en 1,5 millones de euros. Y la esposa del exconcejal socialista abonó sobre la marcha la cantidad para hacerse definitivamente con la propiedad. Estos son, por el momento, todos los hechos irrefutables del caso. No se pueden sacar conclusiones de ningún tipo hasta que se conozca el resultado completo de la investigación. Pero la historia no huele bien.
Los vecinos de Pino Montano denunciaron la implantación de una gasolinera en ese suelo porque entendían que incumple la distancia mínima exigida entre una estación de este tipo y la zona de viviendas. Sin embargo, el gobierno municipal socialista deliberó que sí se adecuaba a la normativa y otorgó la licencia. La adjudicataria del suelo se lo arrendó a dos franquicias de comida rápida y al citado surtidor, acuerdo por el que ha ingresado desde 2016 un cuantioso alquiler. El negocio tenía que ir muy bien porque cuando el nuevo gobierno del PP decidió vender la parcela a su precio de mercado, la concesionaria se apresuró a comprarla. Y cuando todo parecía que estaba resuelto, ha aparecido la UCO, que sólo se dedica a la caza mayor, pidiendo unos papeles muy concretos sobre toda esta operación. Como recomendó Espadas a su núcleo de confianza cuando se anunció su sustitución por María Jesús Montero, compren palomitas. Que esto no ha hecho más que empezar.
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