Pensiones, un fracaso parlamentario

En España el envejecimiento viene dado por el gran frenazo en la natalidad, la aceleración de la longevidad y la falta de ordenación de los movimientos migratorios. En términos de natalidad el dato es preocupante, con un índice de fecundidad de 1,2 muy lejano del índice de reemplazo del 2,1. A su vez, cada día que pasa aumenta 4,8 horas de esperanza de vida al nacer y, si es a los 65 años, este dato es de 3,2 horas, con un sistema sanitario no preparado para las necesidades previstas de nuestros mayores. Incluidos los movimientos migratorios, todo lo anterior lleva a una consecuencia dramática ya que, cada cuatro años, la edad media, en nuestro país, envejece uno. Para equilibrarlo se necesitaría una migración ordenada de más de 7,5 millones de personas, con un flujo positivo de 250.000 personas al año.

El sistema de pensiones y el envejecimiento poblacional eran un reto hace años. Hoy, son un hondo problema de carácter estructural. Ahora bien, tener unas pensiones adecuadas y sostenibles es unos de los principios del Estado del Bienestar y una prioridad en la Agenda Europea. Fue el propio Pacto de Toledo iniciado en 1993 quien en sede parlamentaria y en sus cuatro sucesivas ediciones de 1995, 2003, 2011 y 2020 marcó reiteradamente la necesidad de fortalecer el modelo de financiación de las pensiones mediante, en mi opinión, dos elementos estructurantes. El primero, una auténtica separación de las fuentes de financiación, lo que conllevaría, por un lado, reforzar el principio de contributividad y que, en consecuencia, existiera una auténtica relación entre lo cotizado por el trabajador y su pensión; y, por otro lado, la institucionalización de modelos no contributivos para las personas mas desfavorecidas financiados mediante impuestos. El segundo, la propuesta de un sistema de tres pilares: (I) el público y de reparto; (II) el de corte empresarial basado en la negociación colectiva; y (III) el individual y libre.

Casi treinta años después de la primera edición del Pacto de Toledo se confirma que el primer pilar continúa en un desequilibrio estructural y que el segundo y tercer pilar son prácticamente inexistentes. Asimismo, en el actual sistema de reparto no existe una separación de fuentes de financiación, habiéndose roto el principio de contributividad, mezclándose sus fuentes. Pues hete aquí que el actual Gobierno rompe más si cabe la contributividad del sistema ya que se ha descolgado con la segunda parte de su reforma, a través de un borrador de real decreto ley de medidas urgentes para la reforma del sistema público de pensiones (en adelante RD-Ley), que va estructuralmente en contra del consenso del Pacto de Toledo en el Congreso sostenido durante seis lustros lo que ha provocado estupor y perplejidad a todas aquellas personas que seguimos creyendo en un Estado de Derecho con separación de poderes y donde la soberanía está representada en el Parlamento español. Incluso desde una perspectiva de diálogo social, ¿cómo se puede legislar con este especial instrumento jurídico, el RD-Ley, elementos estructurales del Estado? Un borrador de RD-Ley que señala que hay disposiciones que entrarán en vigor en 2027 ¿entonces dónde está la extraordinaria y urgente necesidad?

El RD-Ley pretende compensar el incremento del gasto que se deriva de la primera reforma que sube a todos los actuales pensionistas en detrimento de generaciones más jóvenes bajo un hipotético incremento futuro de ingresos vía una sostenibilidad del empleo impuesto a empresas y trabajadores. En la actualidad el gasto en pensiones asciende a 12.000 millones de euros mes —más dos pagas extra— con un déficit de 38.700 millones por año, que irá creciendo. El RD-Ley prevé más hipotéticos ingresos por tres vías: (I) un destope parcial de las bases máximas de cotización, (II) el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI y (III) la «cotización adicional de solidaridad». Y son hipotéticos porque serán reales si se crea empleo. Y todos ellos, bajo la apariencia de contribuciones y cotización y, sin embargo, son tributos. Porque un sistema contributivo tiene contraprestación para la persona que aporta, y no es una redistribución de la riqueza como hace el mecanismo diseñado por el Gobierno. Los perdedores de esta historia van a ser las empresas que generan empleo, los jóvenes trabajadores y las clases medias, que son los que paguen estos tributos y, por ende, esta reforma. De esta terna de medidas del Gobierno, quisiera detenerme sobre la primera que incrementará las bases máximas de cotización más que proporcionalmente que la pensión máxima, lo que significa ser un sistema impositivo regresivo en la sombra.

Conforme aumenta el salario de una persona, aumenta su base de cotización, que no es otra cosa que la cantidad de dinero sobre la que el sistema aplica un tipo (porcentaje) de cotización para detraer de su sueldo, si bien topada. Esta cantidad 'sustraída' sirve para financiar las pensiones actuales y se computa para la pensión futura de esa persona. Bien, pues en la actualidad, la base de cotización está topada en 4.495,50 euros mensuales. Es decir, que las personas con un salario mayor que esa cifra no aportan más al sistema de pensiones. Por otro lado, las pensiones contributivas que se percibirán tras la jubilación también están en la actualidad limitadas a un máximo de 3.058,81 euros mensuales. Así las cosas, podemos ver que aquellas personas con un salario bruto entre 3.058,81 y 4.495,50 euros están aportando al sistema más de lo que el sistema les reportará en un futuro. Esto es lo que se denomina tributo en la sombra. Con la ampliación de las bases máximas de cotización que empezarán a aplicarse y que elevará esos 4.496,50 euros actuales más que proporcionalmente a la pensión máxima, el número de ciudadanos de clase media que se va a ver afectado por ese peaje o tributo en la sombra será mucho mayor.

En otras palabras, se pierde equidad actuarial aceleradamente y se aumenta la falta de contributividad, ya que serán muchas más las personas que aporten al sistema de pensiones proporcionalmente mucho más de lo que el sistema les dará a ellos el día que se jubilen. Todo en contra del Pacto de Toledo y a espaldas de la clase media trabajadora y de las personas que crean empleo. Poco tiempo después de avanzar como globo sonda esta medida, el Gobierno quiso aclarar eufemísticamente que «todo lo que aumente la base [máxima] llevará aparejado un aumento equivalente» de la pensión, como si ello fuera a mitigar la totalidad de la drástica medida de inequidad que se introduce en el sistema. En román paladino, lo que desde el Ministerio se quería decir es que, a efectos prácticos, a todos los afectados por ese peaje en la sombra, se les aumentará, sabiendo que cada vez serán muchas más personas.

En definitiva, no se han tenido en cuenta seis lustros de debate de las pensiones en sede parlamentaria, en el Pacto de Toledo y, ahora, con prisas electorales, se constata la historia de un fracaso parlamentario.