El empleo, el gran pagano de la reforma de las pensiones

La última propuesta del Ministerio de la Seguridad Social, que ha vuelto a levantar de la mesa a los empresarios, renuncia a los ahorros que supondría para el sistema alargar el periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión y que ya se sitúa en los últimos 25 años. La nueva propuesta de Escrivá es poder elegir entre esos 25 o entre los 27 mejores de los últimos 29 años, con lo cual no solo no se ahorra dinero, sino que incluso se puede incrementar el gasto. Pero como hay que pagar las pensiones cada vez más altas de un número cada vez mayor de pensionistas, y además queremos que éstos no pierdan poder adquisitivo, lo que hacemos es subir los impuestos al empleo. Y se hace de varios modos. Por un lado, con el ya anunciado destope de las bases máximas de cotización. Se pretenden incrementar estas bases en hasta un 30% en los próximos 25 años. El aumento comenzaría ya a aplicarse el próximo año y acabaría en 2050, a un ritmo de subida de 1,2 puntos porcentuales por año para las bases. Las pensiones máximas, sin embargo, se incrementarían mucho menos, un 0,0115 cada ejercicio, que se sumaría al aumento del IPC.

La segunda fórmula para incrementar los ingresos es lo que el Gobierno ha denominado cuota de solidaridad. Se trata de que los salarios más altos, los que superen las bases máximas, lleguen a pagar de manera progresiva hasta un 6% de toda la parte del salario por la que no se paga Seguridad Social. Imaginemos un sueldo bruto anual de 100.000 euros, si la base se sitúa hoy en 54.000 euros, en 2025 tendrían que pagar un 1% de esos 46.000 euros restantes. Y esa cuota de solidaridad se irá incrementando en 0,25 puntos al año hasta llegar al 6% en 2045.

Por último, el Gobierno plantea endurecer el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que ha entrado en vigor ya este 1 de enero de 2023, sustituyendo al recientemente derogado Factor de Sostenibilidad, y que supone una cotización adicional a la Seguridad Social, por contingencias comunes, del 0,6%. De esta cantidad, un 0,5% es a cargo de la empresa y un 0,1% del trabajador. En el caso de los trabajadores autónomos, abonarán ellos íntegramente el 0,6%. Lo que se plantea ahora es incrementar este porcentaje a un ritmo de una décima por año para alcanzar el 1,2% en 2029. Además, estará vigente hasta el año 2050. Hasta ahora, el Gobierno solo preveía que estuviera en vigor hasta 2032.

Con esta panoplia de medidas el Gobierno pretende hacer sostenible el sistema de pensiones. El problema es que está disparando los costes para las empresas, pero también para los trabajadores, del empleo. Está dificultando que las empresas paguen salarios altos a sus empleados por el enorme coste que lleva aparejado, pero también incluso la contratación. En un país con más de tres millones de parados dudo mucho de que encarecer el empleo sea la receta que necesita España en estos momentos.