Fin a 10 años de lucha: el plan para edificar 443 viviendas en las cocheras de Cuatro Caminos se hace realidad

El Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid que dirige Mariano Fuentes (CS) eleva hoy a comisión la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para subsanar los errores anteriores y dar seguridad jurídica a las 443 familias que forman la cooperativa Metropolitan. El 28 de febrero está previsto que la medida vaya a pleno para que esos cuatro centenares de propietarios puedan empezar a poner las piedras de un proyecto que llega con diez años de retraso.

«Realizamos un gran esfuerzo tanto a nivel económico como personal. Vendimos nuestra casa e invertimos en la cooperativa. Solo eso fueron más de 200.000 euros«, recuerda Roberto Fayos sobre lo que ocurrió en 2014. Pese a lo que ellos creían, después de que Metropolitan pagase 88 millones de euros a Metro para quedarse con el terreno que ocupaban sus cocheras, las máquinas nunca empezaron a trabajar.

Roberto y Cristina tuvieron que pedir ayuda a sus padres: se habían quedado sin ahorros y sin casa, al menos, en un futuro cercano y recurrieron al alquiler. «Pensamos que todo el proceso se dilataría cuatro o cinco año, pero han pasado nueve», añade el afectado, padre de tres niños pequeños.

«Hicimos frente a una nueva mudanza, al coste de un alquiler más grande, lo que supone también más dinero, unos 1.400 euros mensuales«, confiesa, pero ahora, la esperanza ha invadido al matrimonio. »Las 443 familias que formamos la cooperativa somos personas luchadoras, y parece que el sueño de tener nuestra casa está más cerca. Estamos viendo la luz al final del túnel«, concluye Roberto.

La modificación del PGOU cuenta ya con el informe ambiental favorable de la Comunidad de Madrid, por lo que solo falta el visto bueno de los grupos políticos municipales. Se prevé obtenerlo, ya que durante este mandato solo el PSOE se ha mostrado en contra de la operación urbanística. Tras esto, volverá a comunicarse al Gobierno regional.

La nueva ordenación, según ha podido saber ABC, favorece el equilibrio urbano, mejora la funcionalidad y mezcla de usos y aumenta las dotaciones públicas de esta zona del distrito de Chamberí, pero también incorpora los criterios de sostenibilidad e impacto ambiental, como requerían los tribunales. La zona está calificada como nueva Área de Planeamiento Específico (APE) y afecta a una superficie de 43.253,13 metros cuadrados entre las calles de Bravo Murillo, Pablo Iglesias, Reina Victoria y Esquilache.

En ella se diferencian dos espacios: el primero, respecto a la edificabilidad, es en el que se ubicarán las nuevas edificaciones con uso residencial y terciario. En total, serán 63.228,64 metros cuadrados en el que el 92% serán de uso residencial y el 7,5%, oficinas. Ahí se levantarán seis edificios con entre cinco y ocho alturas como máximo, excepto una torre de unos 100 metros y 31 plantas.

La segunda zona, de 4.689,14 metros cuadrados, se corresponde a dos porciones de manzanas residenciales consolidadas y al tramo de la calle de Esquilache que existe entre ellas. «El ámbito de la modificación engloba en su mayoría suelos que han albergado instalaciones y cocheras de Metro ya desaparecidas», especifica el plan, en el que está previsto que se cree el parque de Chamberí, un espacio verde de 16.869,47 metros cuadrados, tras soterrar el garaje del suburbano, una acción que se llevará a cabo «en un futuro inmediato».

Mayores que pretendían mudarse para estar cerca de sus hijos y ahora ven que su sueño se les esfuma por el tiempo perdido, familias con niños pequeños, otras que se están formando, matrimonios... Desiré del Río y Alberto Pin, su marido, son otros de los 443 que tendrían que estar ocupando sus hogares. «Pusimos en ello todo lo que teníamos: 235.000 euros en 2014, un dinero que ahora ya no tiene ese valor, los ahorros de toda una vida... Era el proyecto de nuestra vida«, resume ella y pide a la Comunidad de Madrid que el visto bueno definitivo lo dé antes de las elecciones del 28 de mayo para que no se retrase de nuevo. 443 familias con el deseo de empezar una vida nueva que se vio paralizada por la falta de informes técnicos de las anteriores corporaciones municipales, denuncias y sentencias en contra, pero una ilusión que diez años después vuelve a ponerse en pie.