Otra ley contraproducente

Pedro Sánchez dijo que este acuerdo permite convertir «un problema en un derecho». Es cierto que los poderes públicos tienen el mandato constitucional de facilitar el acceso a una vivienda digna a todos los españoles, pero no dice que esto debe hacerse a costa del derecho de propiedad de una parte de ellos. El Ejecutivo ni siquiera ha hecho caso a la evidencia empírica que arroja la experiencia de Cataluña en 2020. Un estudio del Centro de Políticas Económicas de Esade demostró que hubo «un alto grado de incumplimiento de la norma», pero que, donde se aplicó, el número de contratos se redujo en un 10% y se concentró en las viviendas más caras. En términos generales lo que se vio es que había grandes incentivos para que los precios subieran, que se trasladaran viviendas de alquiler a venta, se redujera la construcción futura, se desplazara la demanda a zonas vecinas a las tensionadas elevando más los precios y bajando la calidad media de los inmuebles.

Al margen de estas distorsiones, la ley de vivienda contiene una serie de disposiciones que menoscaban el derecho de propiedad, dificultando la lucha contra la ocupación ilegal y favoreciendo el desarrollo del fenómeno de la 'inquiokupación', es decir, inquilinos que dejan de pagar y se resisten a ser desahuciados amparándose en la ley o en sus resquicios.

Hay dos normas pactadas con ERC y Bildu que son las más inquietantes. Una favorece a los okupas y es la obligación de notificar a las autoridades la hora exacta en que se va a llevar a cabo un lanzamiento, independientemente de que se haya intentado llevar a cabo antes. Los expertos consideran que «supone un grave obstáculo para una ejecución efectiva» porque los okupas, avisados, pueden diseñar estrategias que hagan desistir a la Policía de actuar como se ha demostrado a lo largo del tiempo. La segunda medida tiene que ver con las facilidades para que un inquilino moroso se transforme en okupa. La norma establece prórrogas de hasta dos años para ejecutar el lanzamiento de un ocupante que tenga una situación económica y social calificada de vulnerable. También se amplían los plazos para suspender el desahucio. La norma sólo favorece al propietario si este demuestra que su propia situación es de vulnerabilidad y que el desahucio se produce por impago del alquiler. La situación es especialmente desventajosa para los grandes tenedores, cuyas demandas no se admitirán si no se acredita que se han sometido a una mediación de la autoridad. Si el problema de la ocupación ilegal ya inquietaba a los ciudadanos, que la nueva ley debilite el ejercicio del derecho de propiedad sólo empeorará las cosas.