Ferrovial, toque de atención

La decisión se produce en un momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez no está en los mejores términos con los empresarios de nuestro país. Ferrovial afirma que la favorable fiscalidad de Países Bajos no es el factor decisivo de su decisión y que la merma para la Hacienda española será «irrelevante», dijo anoche una fuente empresarial. Sin embargo, hay un aspecto que surge por contraste y es la seguridad jurídica que ofrece Países Bajos y el entorno favorable a los negocios. La unilateralidad con que el gobierno de Sánchez ha creado impuestos 'ad hoc' y medidas distorsionadores que afectan a diversos sectores económicos como la banca y la energía, la indiferencia con que se decide elevar el Salario Mínimo Interprofesional o restablecer la autorización administrativa de los ERE, la satanización de determinados empresarios señalándolos con nombre y apellido por parte de los socios del presidente del Gobierno, son elementos que el Ejecutivo ha manejado irresponsablemente, no atajándolos con energía y permitiendo que deterioren el ambiente propicio a los negocios que debe imperar en una economía abierta que necesita crecer con tanta urgencia como redistribuir.

La empresa que preside Rafael del Pino Calvo-Sotelo asegura que no hay consideraciones políticas en su decisión y que seguirá teniendo una presencia importante en España, donde tiene más de 5.000 trabajadores. Es verdad que de la mano de Ferrovial salieron obras emblemáticas como el Guggenheim de Bilbao, el Caixaforum de Madrid, la M-30 o la T4 de Barajas, pero los activos más importantes que tiene la compañía hoy son la autopista 407 de Canadá, que supone casi un 40% de su patrimonio, la red de autopistas de Texas, con un valor similar, y la nueva terminal del JFK de Nueva York y el estratégico aeropuerto de Heathrow. Este perfil de internacionalización se repite en varias multinacionales españolas, como Iberdrola o algunos de los bancos, pero Ferrovial es la primera que ha dado el paso de situar su sede social fuera del país. Su cotización bursátil ayer era de 20.000 millones de euros, casi una tercera parte del dinero a fondo perdido que España ha recibido de Europa. La decisión nos recuerda lo importante que es que un Gobierno no deje espacio al populismo.