Cierre masivo de pisos turísticos en Santiago: «Mis ahorros estaban ahí»

Las palabras de María conectan con él. «Cuidamos la casa hasta el último detalle, solo hace falta ver las notas que tenemos en las plataformas y lo contenta que se va la gente que se queda aquí. Ahora solo nos queda cerrar el piso» reprocha esta afectada, que descarta dedicar la vivienda a un alquiler tradicional o estudiantil. «Si meto estudiantes aquí durante el curso tendré que hacer un desembolso en verano para volver a pintarla y arreglarla de nuevo, no me compensa» reflexiona. Su opinión la comparten otros muchos, que no barajan más alternativa que echar la llave o directamente vender.

En este segundo caso está Bernardo, dueño de un ático en una de las calles más céntricas de la ciudad, que solo le ha dado disgustos desde que lo compró allá por 2007. Primero se lo alquiló a estudiantes, pero las quejas de los vecinos por el barullo y las fiestas en la terraza lo llevaron a alojar en él a una pareja de hosteleros. Estos inquilinos solo pagaron los dos primeros meses, y después de casi medio año tratando de echarlos, el propietario tuvo que abonar una factura de 4.000 euros por el gas que habían consumido durante el invierno. Con un nudo en la boca del estómago, como él mismo describe, lo habló con su mujer y decidieron convertir la vivienda en un piso turístico. «Hacienda se lleva una parte muy importante de estos ingresos y eso es una forma de generar riqueza que no se está teniendo en cuenta a la hora de legislar» afea. También, como el resto de los consultados, recuerda que sus inquilinos gastan en comercio local y que por lo general son viajeros que usan las casas «para dormir y desayunar» y que no generan problemas de convivencia.

La historia se repite entre los dueños afectados por la política desarrollada desde Raxoi, que comparten perfil y sensaciones. La mayoría solo poseen una vivienda, que arreglaron para acabar de completar la economía familiar. Lo explica Lucas, que se dejó todos sus ahorros, unos 35.000 euros, en reformar un apartamento en la almendra de la ciudad, la zona más penalizada. «Me dejé todo ahí, quedé a cero, vacío, para ponerlo moderno y bonito, comprar electrodomésticos... cuando acabé fui al ayuntamiento a preguntar qué papeleo tenía que hacer y me dijeron que no hacía falta nada, así que me inscribí en el REAT y empecé a operar hace ya siete años», relata. Los ingresos de ese apartamento que remozan una vez al año para mantener el estándar de calidad pasaron a formar parte de la economía familiar de Lucas y su pareja, que acaban de comprarse un piso en el que viven en otra zona de la ciudad y que sin estos beneficios no saben si podrán costear. «Tengo una hipoteca y ahora nos dicen que no podemos seguir con nuestra actividad, no sabemos qué vamos a hacer. Yo por el momento sigo adelante porque no me ha llegado ninguna notificación, pero llegará» se resigna. En su caso tampoco valora la alternativa de un alquiler, y menos para estudiantes. Por sus características, asegura, no es una vivienda «ni para universitarios ni para una familia».

Desde el umbral de la puerta de su casa, María espera para recibir a los que serán unos de sus últimos huéspedes. Sus argumentos a favor de los pisos turísticos —generan riqueza y democratizan los viajes— resuenan con fuerza, pero la esperanza de un cambio de rumbo en el último momento se desvanece. Como ella, la mayoría tienen ya en mente un plan B para cuando bajen la persiana definitivamente, aunque pocos piensan en reconvertirse al alquiler tradicional.